(El Periscopio, 9/04/2012)
El Gobierno ha aprobado una amnistía fiscal para los evasores de impuestos. Lo justo es la igualdad en el pago de tributos. El Gobierno ha aprobado una amnistía fiscal para las fortunas evadidas a paraísos fiscales, cuantas opacas dentro y fuera del país y cualquier dinero negro. Los capitales que se regularicen sólo serán gravados con un 10% de impuestos. La necesaria igualdad ante la Ley exige que los asalariados recibamos igual trato. Nos sentimos discriminados –y lo que es casi peor- estúpidos por haber pagado lo que los evasores se quedaron íntegramente para ellos. De llevarse a cabo esa amnistía, lo justo es que sea general y con efecto retroactivo: lo ya abonado vuelve a nuestros bolsillos.
La idea –de Javier Peces- se complementa con muchos otros argumentos. Según el informe 2011 del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el 82% de las empresas del IBEX 35 tienen vinculación patrimonial con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).por su parte estiman que la grandes fortunas y las grandes empresas son responsables del 71,8% del total del fraude fiscal en España. Y eso que –dice en este caso la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE)- los ingresos obtenidos en el extranjero están exentos del impuesto de Sociedades en España mientras que los gastos invertidos para ello sí tienen deducciones fiscales. “El mecanismo es muy simple: los ingresos no suman (computan) y los gastos financieros necesarios para obtener los ingresos sí restan (se deducen)”, dicen. Conocida la amnistía fiscal la rechazan frontalmente. Contradice, para empezar, el artículo 31 de la Constitución: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Consideran también paradójico que se suban los impuestos a los que pagan y se les perdonen a los que no cumplen. Y creen que puede provocar un “derrumbe” de la conciencia fiscal de los contribuyentes con efectos muy perjudiciales sobre la economía española.
Miles de millones de euros perdidos que nunca más se pagarán porque el Gobierno les “perdona”. Si esta profunda arbitrariedad no tiene vuelta atrás, debemos reclamar el mismo trato y exigir la devolución del 90% de lo cotizado. Y. en todo caso, una tributación del 10%, como los amnistiados. La emigración a la que las erráticas políticas seguidas en España desde hace años nos abocan, serían mucho más asumible con ese patrimonio del que los ahora amnistiados –sin recargos, ni sanciones- disfrutan.
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Estimado señor Montoro:
El Gobierno del que Vd forma parte ha aprobado lo que han calificado de regularización de fortunas evadidas a paraísos fiscales, cuantas opacas dentro y fuera del país y dinero negro. Es decir, una amnistía fiscal en Román Paladino. Los capitales que se regularicen sólo serán gravados con un 10% de impuestos.
La necesaria igualdad ante la Ley exige que los asalariados recibamos igual trato. Nos sentimos discriminados –y lo que es casi peor- estúpidos por haber pagado lo que los evasores se quedaron íntegramente para ellos. De llevarse a cabo esa amnistía, lo justo es que sea general y con efecto retroactivo: lo ya abonado vuelve a nuestros bolsillos.
Tenga en cuenta los grandes beneficios de los que ya disfrutan los amnistiados y los alarmantes datos de la dimensión del problema que paso a recordarle:
Según el informe 2011 del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el 82% de las empresas del IBEX 35 tienen vinculación patrimonial con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).por su parte estiman que la grandes fortunas y las grandes empresas son responsables del 71,8% del total del fraude fiscal en España. Y eso que –dice en este caso la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE)- los ingresos obtenidos en el extranjero están exentos del impuesto de Sociedades en España mientras que los gastos invertidos para ello sí tienen deducciones fiscales. “El mecanismo es muy simple: los ingresos no suman (computan) y los gastos financieros necesarios para obtener los ingresos sí restan (se deducen)”, dicen.
Su amnistía, Sr. Montoro, -como dice la IHE- contradice, para empezar, el artículo 31 de la Constitución: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Sube los impuestos a los que pagan y se les perdonen a los que no cumplen. Y puede provocar un “derrumbe” de la conciencia fiscal de los contribuyentes con efectos muy perjudiciales sobre la economía española.
Miles de millones de euros perdidos que nunca más se pagarán porque su Gobierno les “perdona”. Si esta profunda arbitrariedad no tiene vuelta atrás, debemos reclamar el mismo trato y exigir la devolución del 90% de lo cotizado. Conscientes muchos ciudadanos de la situación de crisis que padecemos -y aunque en absoluto la hayamos creado- en todo caso podría aceptar una tributación del 10% de mis ingresos, como los capitales aflorados, desde luego por toda mi vida laboral. La emigración a la que las erráticas políticas seguidas en España desde hace años –la “herencia” ¡es tan amplia, larga y profunda estimado señor Montoro!- nos abocan, sería mucho más asumible con ese patrimonio del que los ahora amnistiados –sin recargos, ni sanciones- disfrutan.
A la espera de su respuesta, atentamente
*Explico ahora. Mi convicción es que hay que pagar impuestos. Todos y desde luego progresivamente, de una forma justa para el conjunto social, pero dada la arbitrariedad del Gobierno planteé hace unos días esta petición que al menos exprese nuestra protesta.
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