(El Plural.com, 1/07/2012)
Vicenç Navarro - Catedrático de Políticas Públicas. Universidad
Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Durante la Edad Media hubo un dogma religioso que creía que la tierra era el centro del universo, dogma que se repitió y reprodujo a base de reprimir la evidencia científica que lo cuestionaba, mostrando la invalidez e insostenibilidad de los pilares conceptuales que lo sustentaban. Toda una batería de clérigos y sacerdotes –los intelectuales de aquel tiempo- promovían tal dogma, detrás del cual estaba la Iglesia Católica, que consideraba que la Iglesia era el centro ideológico y político de la Tierra, la cual era, a su vez, el centro del Universo. El tiempo fue mostrando que los críticos llevaban razón, aunque la Iglesia, todavía hoy, no ha pedido perdón a Galileo, el mayor pensador crítico de aquel dogma, que fue brutalmente reprimido por atreverse a cuestionarlo.
Pues, por raro que parezca, estamos viendo una situación semejante
con la crisis actual, con la diferencia que ahora el dogma es económico
en lugar de religioso, los sacerdotes y propagandistas del dogma son
ahora los economistas del establishment, apoyados, promovidos y/o
financiados por la Iglesia actual, la banca y el sistema financiero que
controlan la vida política mediática, financiera y económica del país.
El dogma es el dogma neoliberal. Economistas como la mayoría de
firmantes de documentos patrocinados por Fedea (financiada por la banca y
la gran patronal) así como economistas “estrella” promovidos en los
medios de mayor difusión del país (uno de ellos tiene una hora semanal
en la televisión pública catalana, TV3 -claramente instrumentalizada por
la coalición conservadora-neoliberal que gobierna Catalunya-, llamada
“lecciones de economía” que consiste en promocionar tal dogma
neoliberal) dominan las tertulias y los medios televisivos, radiofónicos
y escritos, que les ofrece el fórum para la presentación del dogma.
Este dogma consiste en creer que los problemas de la economía española
derivan de tener un gasto público excesivo (pues supuestamente nos
gastamos más de lo que tenemos) y unos salarios demasiado altos
(consecuencia de tener unos sindicatos excesivamente fuertes). De este
dogma surgen unas políticas públicas que consisten en recortar el gasto
público, incluyendo el gasto público social, y en hacer reformas
laborales que tienen como objetivo reducir los salarios y despedir más
fácilmente a los trabajadores, debilitando a los sindicatos.
La evidencia de que este dogma es erróneo es abrumadora. El gasto
público, incluyendo el gasto público social, por habitante es el más
bajo de la Eurozona; el porcentaje de la población adulta que trabaja en
los servicios públicos del Estado del Bienestar (es decir, el empleo
público) es el más bajo de la Eurozona, y de los más bajos de la Unión
Europea; el Estado español tenía un superávit (no un déficit público) y
una deuda pública bajísima antes de que se iniciara la crisis en 2007;
los salarios están entre los más bajos de la Eurozona, con el salario
mínimo más bajo de tal área monetaria; y así un largo etcétera.
Es más, la aplicación de las políticas públicas neoliberales durante
estos años de crisis han sido un desastre (no hay otra manera de
definirlo). El desempleo ya alcanza el 24% (entre los jóvenes es un
50%), y la economía está en recesión. Y los países que han aplicado
estas políticas con mayor intensidad (los países periféricos de la
Eurozona, Grecia, Portugal, Irlanda y España) están todos ellos en
recesión. ¿Qué mayor evidencia desean de que tales políticas
neoliberales están equivocadas? En realidad nunca (repito, nunca) un
país en recesión (y estamos ya casi en una Gran Depresión) ha salido de
ella mediante la reducción de los salarios, del gasto público y de la
protección social. Es obvio que en un momento en que la economía está
paralizada debido al enorme endeudamiento de las familias y de las
medianas y pequeñas empresas, y de la ausencia de crédito, lo que se
requiere es una intervención del Estado para estimular la economía
mediante la expansión del gasto público a fin de crear empleo tanto en
la infraestructura física como social del país, a la vez que la activa
participación del mismo Estado en la provisión de crédito. Esto es lo
que ha permitido sacar a los países en recesión y/o depresión del bache
económico en el que se encontraban. De nuevo, como ocurría con el dogma
religioso, en este dogma económico la evidencia científica de que la
política de recortes es profundamente errónea es abrumadora, pese a lo
cual –impermeables a esta evidencia y a los datos que muestran su error-
continúan aplicándose, atribuyéndose la recesión a que no se ha
recortado suficientemente el Estado del Bienestar, y a que los salarios
continúan demasiado altos.
Los clérigos del nuevo dogma y la nueva Iglesia
Pero como ocurrió en el dogma religioso, este dogma económico se
propaga, promueve e impone porque sirve a unos intereses claros: los
intereses del capital financiero, aliado a la gran patronal. Han sido
ellos los que precisamente han creado esta enorme crisis a fin de poder
llevar a cabo tales políticas que les benefician significadamente. La
Iglesia de ahora es la Iglesia financiera aliada de la gran patronal,
orientada a la exportación. Esta última no requiere un consumo doméstico
que la sostenga, pues el consumo toma lugar en otros países. El Pacto
Social, que significaba un entendimiento entre el capital y el mundo del
trabajo, se ha roto, puesto que el capital hegemonizado por el capital
financiero, es decir, la banca, se cree lo suficientemente poderoso como
para ignorar al mundo del trabajo. El consumo doméstico de los
productos producidos por la economía productiva (que requería una
demanda interna basada en buenos salarios, y un gasto público elevado)
ya no es necesario en una economía liderada por las exportaciones.
Cuando el supuesto motor de la economía es el sector exportador (tal
como ocurre en Alemania, por ejemplo) la importancia y necesidad del
consumo doméstico se diluye, e incluso desaparece. La gran patronal
exportadora alemana ha impuesto una congelación salarial, pues no
necesita ya la demanda doméstica. Un tanto igual está ocurriendo en
España. La mejora de las exportaciones no está repercutiendo en el nivel
de consumo interior ni en la capacidad adquisitiva de la mayoría de la
población laboral. De ahí que los salarios continúen bajos y ello a
pesar del notable crecimiento de la productividad.
Este dogma, a pesar del enorme fracaso de sus políticas, continúa
reproduciéndose en los medios de mayor difusión (que al estar
profundamente endeudados a la banca) no permiten que artículos como éste
se publiquen en sus páginas. La evidencia de ello es también abrumadora
(en una conversación reciente con un periodista de uno de los mayores
rotativos del país, éste me lo reconocía con toda candidez. Su diario
estaba muy endeudado y publicar artículos como el que leía y que ustedes
están leyendo les supondría un riesgo añadido). De ahí que las voces
críticas continúan siendo vetadas, silenciadas o marginadas,
presentándolas como extranjeras, “anglosajonas”, voces que no entienden
España, cuando no conspiradoras deseosas de cargarse el euro.
Las medidas represivas de la nueva Iglesia: las instrucciones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea
En realidad, el euro no está en peligro, en contra de lo que se está
indicando en los medios. Lo que ocurre es que se ha creado una crisis
(la recesión es resultado de la aplicación de las políticas
neoliberales) que permita imponer las medidas impopulares que desean
imponer. La mejor prueba de ello es mirar las condiciones que el Banco
Central Europeo (que no es un Banco Central, sino un lobby de la banca, y
muy en especial de la banca alemana) exige a los gobiernos, antes de
comprar deuda pública española (que es lo que en realidad debería hacer
si fuera un Banco Central, que no lo es). En una carta al Presidente del
gobierno español anterior, exigió que impusiera “un contrato laboral de
carácter excepcional que contemple indemnizaciones bajas por despido
durante un espacio de tiempo limitado”, es decir, que se permita
despedir a los trabajadores fácilmente. Tal medida acaba de ser aprobada
ahora por las Cortes Españolas, permitiendo que las empresas que
emplean menos de 50 trabajadores (que son la inmensa mayoría de empresas
en España) puedan despedir sin indemnizaciones durante el primer año,
reduciendo considerablemente las indemnizaciones para empleados con
mayores periodos de contratación. Otra condición puesta por el BCE es el
debilitamiento de los sindicatos, diluyendo la validez de los convenios
colectivos, eliminando la indexación salarial.
Y a nivel de política fiscal, el BCE ha estado exigiendo una
reducción del gasto público, y en particular del gasto público social,
gestionado en su gran mayoría por las Comunidades Autónomas, que están
en una situación imposible debido, entre otras razones, a la gran
escasez de crédito, escasez que continúa a pesar de que la banca
española ha recibido ayudas equivalentes a un 10% del PIB, y el Banco
Central Europeo ha prestado a unos intereses bajísimos (1%) un billón
(sí, un billón) de euros a los bancos europeos, préstamo del cual, la
banca española y la italiana recibieron 500.000 millones de euros.
Estas políticas, que el gobierno Rajoy ha hecho suyas, ya han sido
aplicadas en Grecia, con los resultados que todos conocemos. De nuevo,
la evidencia que muestra su negatividad es sólida y robusta. Ahora bien,
siendo su impacto dañino para el bienestar de la gran mayoría de la
población, no quiere ello decir que no beneficien a sectores como la
gran banca y la gran patronal que están consiguiendo lo que siempre han
deseado, y lo están consiguiendo con sus aliados en el BCE, en la
Comisión Europea, en el gobierno alemán (portavoz de la gran banca
alemana y de las grandes empresas exportadoras), y, como no, por los
llamados economistas “estrella” que continúan promoviendo el dogma
neoliberal.
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