MENOS PACTO FISCAL, MÁS CONTRATO SOCIAL

(3500 Millones, 28/02/2012) Fotografía: Nathalie Paco

Hace pocos días la Fundación Foessa (dependiente de Caritas Española) hizo público un informe en el que describe la fotografía de la pobreza y la exclusión social en la España de la crisis. Los datos, que fueron recogidos ampliamente por los medios de comunicación, muestran un panorama inquietante: uno de cada cuatro residentes en nuestro país se encuentra en situación de pobreza y/o exclusión social. Solo en el período comprendido entre 2007 y 2010 la renta disponible por persona cayó un 9%, mientras las cifras de desigualdad nacional se disparaban a niveles récord, dejando a nuestro país en un bochornoso tercer lugar en los niveles de pobreza de la UE. Es difícil describir la ansiedad y el sufrimiento que se esconden tras estos números.

El informe, sin embargo, hace algo más que ofrecernos una foto fija de la situación. De su observación de los últimos quince años es posible extraer una lección fundamental: el crecimiento económico y el despegue del empleo durante los años buenos no se tradujo en una reducción equivalente de los niveles de desigualdad y vulnerabilidad social. Como señalan sus autores en algún momento, la crisis económica ha hecho aflorar una "crisis social" que ya existía previamente. Y eso yo no lo vi destacado en ningún medio.

La lectura de este trabajo despierta algunas dudas en legos como yo:

1) ¿Qué hicimos mal durante las vacas gordas? Cuando los responsables socialistas fueron cuestionados hace unos meses por el ascenso galopante de la desigualdad en nuestro país, el Gobierno ofreció cifras que demostraban el incremento sustancial del gasto público destinado a la protección social. Entre 2005 y 2011, el salario mínimo creció un 25%; las pensiones medias un 35% y las no contributivas un 17%; más de 750.000 personas se convirtieron en beneficiarios de las prestaciones por dependencia; y la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo creció del 64 al 77%.

La pregunta es evidente: ¿cómo es posible que estas cifras no se tradujesen en suelos sociales más firmes? Más allá de las ineficiencias de algunas de estas herramientas, los argumentos que ofrecen los expertos de Foessa apuntan en una dirección: el esfuerzo fue considerable, pero claramente insuficiente. El nivel de gasto en protección social se encuentra en España a 15 puntos de la media europea (25, en el caso de los miembros más prósperos del euro, como Alemania). Viniendo de donde venimos, el esfuerzo debe ser mucho más ambicioso y sostenido, lo cual pone en solfa el relajo de las políticas fiscales durante los años de prosperidad económica.

2) Si lo anterior es cierto, ¿podemos esperar que una recuperación del empleo reduzca los niveles de vulnerabilidad social? Solo en parte y nunca de forma estructural. El empleo de baja calidad que atenaza el modelo productivo español no ha sido una solución en el pasado y no lo será en el futuro. Por mucho que la cacareen algunos responsables políticos, la idea de que "el empleo es la mejor política de protección social" supone despreciar los hechos. Más aún, los bajos salarios son parte fundamental del fenómeno de la exclusión social en España (los llamados "trabajadores pobres"), así que las reformas más recientes del mercado de trabajo pueden incrementar la competitividad de nuestra economía... a costa de los sectores más pobres de nuestra sociedad. No hay "flexiseguridad" si solo hay flexibilidad.

3) ¿Cuánto tiempo podremos soportar los insoportables niveles de desigualdad entre los países europeos y al interior de España? El número de hogares que se benefician en España de la Renta Mínima de Inserción pasó de 100.000 a más de 200.000 con la crisis. Sin embargo, la protección no creció necesariamente en las comunidades autónomas que concentran los niveles más altos de pobreza (como Extremadura o Andalucía), sino en las que contaban con más recursos. Estos agravios comparativos se producen también en la aplicación de otras medidas, como la Ley de Dependencia.

¿Es posible elevar la igualdad social a un rango equivalente al de la reducción del déficit? ¿Podemos aceptar que las diferencias que existen entre ciudadanos de la UE o entre los de nuestro propio país resultan al menos tan escandalosas como el incumplimiento de la disciplina presupuestaria? Más que un pacto fiscal, necesitamos un nuevo contrato social.

POSTCONSUMISMO

(Nueva Tribuna,  28/02/2012)

Félix Taberna
 
A estas alturas de la crisis, podemos convenir que no sólo estamos en una etapa cíclica de la economía sino también ante un cambio de modelo. Desde mi punto de vista, las cosas no volverán a ser como antes. La crisis, todavía en plena intensidad, ha trastocado muchas órdenes de la sociedad cuyas formas, estilo y modos no volverán a resurgir. En ese nuevo cambio de modelo social una de las claves será como consumiremos. El consumo no sólo es una parte sustantiva de la economía sino un elemento principal de nuestro sistema de valores, de nuestra cultura. Podríamos decir que somos lo que consumimos. Se convierte en un estigma que categoriza a grupos sociales.

Las pautas de consumo tienen además de un comportamiento cultural, un fuerte componente sicológico colectivo. De tal manera, que cuando la economía se encontraba floreciente, allá por los felices años de principio de siglo, las tasas de ahorro eran prácticamente nulas. Cuando más generación de renta de trabajo se producía, menos ahorro se daba y más deuda se producía. A la sociedad moderna se le tildó de consumista acentuando su elemento más diferenciador. Llegó la crisis y la pauta de consumo cambió radicalmente, las personas empezaron ahorrar desaforadamente, dado que el miedo colectivo a empeorar les hizo retraerse. En estos momentos, tras más de cinco años de crisis las tasas de ahorro son ya prácticamente inexistentes dado que las familias no tienen capacidad de ahorro.

En estos momentos, cabe preguntarse cuál será el comportamiento que desarrollemos ante el consumo después de la crisis económica. Parece ser que algunos indicadores económicos vislumbran brotes verdes (green shoots), allá por el segundo semestre de este año. Ojala fuera así. ¿Volveremos a reproducir las mismas pautas masivas de consumo? O, por el contrario ¿Nuestra pauta de consumo será equilibrada con respecto a nuestras necesidades? ¿Alumbraremos una nueva sociedad postconsumista?

Cómo los sociólogos no somos adivinos no puedo responder a estas cuestiones, aunque sí que puedo tomar posición. Y en mi caso, considero que no deberíamos reproducir esas bacanales de consumo; por mucho, que al sistema productivo resultante le sea útil. Entiendo la austeridad como un principio ético que se resume en la renuncia de lo superfluo. Por ello, me sabe a cuerno quemado que el concepto de austeridad sea secuestrado por los ideólogos de la economía liberal como regla ortodoxa que permite ajustes de gasto desproporcionados. El concepto de austeridad era, antes de la crisis, una excentricidad (fuera de la centralidad) de colectivos ecologistas o humanistas. Ahora se ha convertido en la nueva adoración de los gestores de las políticas públicas. Soy un persona convencida de que la austeridad es uno de los principios que deben regir el buen gobierno, gobernanza, pero siempre desde la idea de que es renuncia a lo superfluo, no renuncia a lo necesario.

En definitiva, nos encontramos ante una perspectiva de nuevo modelo; desde el concepto clásico de que la crisis como aquello donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no empieza a nacer. Es, en estos momentos, de cambio donde las idas, la ideología, se deben reforzar. En cuanto a valores, estamos en tierra de nadie y es preciso que éstos se expliciten, se defiendan y por qué no, se encarnen en comportamientos ejemplares. Entre ellos, la austeridad y la cohesión social. La austeridad es una pauta que debe ser incorporada en el campo del pensamiento de la izquierda. En todos los planos. En el plano privado como comportamiento ético; en el plano público como rector de política pública. Del mismo modo, la cohesión y solidaridad social desde mecanismos de reparto de la riqueza y del trabajo es otro principio que no debe perderse por el camino de la crisis. Porque si no hay mal que mil años dure, a veces la humanidad tropieza dos veces en la misma piedra.

AL CAPITALISMO NO LE SIENTA BIEN LA DEMOCRACIA

(Nueva Tribuna, 28/02/2012)

Juan Torres López
 
El filósofo alemán Jürgen Habermas ha escrito en su último libro y repite en varias declaraciones públicas que en Europa se está desmantelando la democracia (Ver Georg Diez, A Philosopher's Mission to Save the EU). Un juicio muy fuerte del que se hacía eco compartiéndolo alguien nada sospechoso de radicalismo y que conoce bien el continente como el ex canciller alemán Helmut Schmidt (L'Allemagne dans et avec l'Europe, L'Economie politique n° 053 - janvier 2012).

No creo que se trate de palabras vacías sino de un proceso real, ya innegable aunque desearía que no llegue a ser imparable a corto y medio plazo.

Bastó con que el ex presidente Papandreu amagara con la convocatoria de un referéndum para que se le hiciese dimitir, o que Berlusconi sacara la cabeza frente a Bruselas para que igualmente saliera por la puerta chica de donde le habían puesto, para mayor o menor fortuna, los electores italianos.

Han sido dos auténticos golpes de estado de los que nadie quiere hablar y que se ha conseguido hacer pasar como si nada en los medios de comunicación y en los debates políticos. Y el reciente acuerdo con Grecia (si es que se le puede llamar así) es el punto final al régimen democrático en aquel país, toda vez que autoridades extranjeras se han hecho ya definitivamente con el poder de facto para decidir lo que les conviene a ellas y a los poderes financieros y económicos a los que representan, sean cuales sean la opinión o las preferencias de los ciudadanos griegos. ¿Quién puede decir hay democracia en aquel país?

No es la primera vez que hemos podido comprobar que la democracia, por limitada que sea, es un escollo a veces insalvable para poner en marcha las medidas que aseguren beneficios al capital. Las políticas neoliberales que ahora sufrimos en todo su esplendor fueron puestas por primera vez gracias a golpes de estado militares que sirvieron de experiencias para ir validando el tempo de las medidas de represión social y económica que iban a ser necesarias para consolidar el nuevo régimen de competencia y beneficio en las economías capitalistas. Y eso se hizo para frenar el poder creciente que el pleno empleo y el Estado de Bienestar habían dado a los trabajadores del mundo occidental.

Desde entonces vivimos en un proceso de continuado debilitamiento de la democracia formal que cada vez más se convierte en un remedo del sistema político que garantiza que las decisiones sobre las cosas sociales y los intereses generales se tomen en función de lo que piensa y determina la mayoría de la población consultada a través de las urnas.

A ello han contribuido varias circunstancias pero creo que algunas de ellas son especialmente importantes y han tenido una particular incidencia en la crisis que estamos viviendo.

La primera es la consolidación de un poder monetario privado, al margen efectivo del debate político, que condiciona y encuadra al resto de las políticas económicas. La independencia de los bancos centrales y el fortalecimiento de la capacidad de maniobra de los fondos y entidades financieras han sido los factores que principalmente han contribuido a este fenómeno contemporáneo que hace que, en la práctica, los gobiernos tengan completamente atadas las manos frente a los mercados y los grandes propietarios de capital.

La segunda es el incremento voluntariamente planificado del desempleo y el empleo precario. De esa forma, como ya advirtiera Michal Kalecki hace ochenta años, los grandes empresarios obtienen menos beneficios (puesto que les sería económicamente más rentable el pleno empleo) pero gracias a la sumisión y a la debilidad que esas condiciones laborales generan en las masas trabajadoras, pueden disponer de más poder político que a la postre es lo que les asegura su posición de dominio social. Y a ello ha contribuido en los últimos años de modo decisivo el incremento del negocio de la deuda que los bancos han impulsado imponiendo modelos de crecimiento basados en el suministro de bienes de inversión y duraderos que generan demanda de crédito (como la vivienda o los automóviles). El crecimiento extraordinario del endeudamiento familiar no solo es una selecta fuente de ganancias para la banca sino una auténtica esclavitud contemporánea: los individuos viven para consumir y para pagar los créditos que les permiten salir adelante.

La tercera es la mixtura también creciente entre el poder económico y financiero y el mediático que el impulso de las concentraciones de capital está llevando hasta extremos realmente insospechados: uno o dos grupos empresariales, o uno, o incluso simplemente alguna persona aislada, controlan la totalidad de la oferta de medios (sobre todo audiovisuales) en muchos países, uniformando la opinión pública e imponiendo, se quiera o no, el pensamiento único que domina las decisiones económicas.

Otra circunstancia que me parece decisiva como fuente de degeneración democrática en el ámbito económico es que los partidos y las autoridades públicas están llegando a ser materialmente irresponsables. Hoy día es prácticamente imposible pedirle cuentas, sobre todo, de los incumplimientos constantes de la oferta electoral de naturaleza económica con que se presentan a las elecciones. Y es tanto el poder que ejercen sobre los medios de adoctrinamiento y tan estrechas las vías que se abren para el debate social que no es posible que los electores tomen nota de ello, lo que les impide acudir a las elecciones con la información que les permitiera algo más que optar entre opciones políticas que terminan por hacer lo mismo en materia económica.

Tan molesta está llegando a ser la democracia para los grandes poderes económicos y financieros y tanto incordio les supone la intermediación de las instituciones públicas que parece que han decidido tomar ellos mismos las riendas de los poderes públicos. Y en esta crisis se está produciendo con mucha mayor fuerza que nunca antes, la fusión entre unos y otros, por la vía incluso de la participación directa en los gobiernos que igual termina, como ya ha pasado en algún país, con la entronización en la vida pública de empresarios populistas que permitan a la clase empresarial más poderosa deshacerse de los políticos profesionales que, a veces, incluso le salen demasiado caros.

Es gracias a todo ello que las medidas que se están aplicando frente a la crisis no sean realmente las que podrían permitir mejorar la situación económica y que apenas pase nada. Es es una evidencia clamorosa: las economías europeas no están mejor que cuando se empezaron a aplicar las políticas que dicen que solucionan la crisis sino mucho peor. Crecen menos y tienen más deuda. Y es así porque estas políticas no se destinan a mejorar las condiciones económicas en general sino a aumentar el beneficio y el poder de decisión de los grandes propietarios de capital y de los financieros. Por eso el debate social plural y transparente, la igualdad de medios y condiciones para exponer opiniones, la democracia, se está convirtiendo en una incómoda piedra en el zapato del capitalismo neoliberal de nuestra época porque es lo único que podría poner en claro lo que está pasando. Y por eso se la quieren quitar de encima cuanto antes.

LA REFORMA LABORAL NO ES LABORAL

(Nueva Tribuna, 28/02/2012)

Javier Fernández

Que evidentemente también lo es. Sin embargo la intención de sus autores y sus objetivos van mucho más lejos, apuntan a una modificación de fondo del modelo de sociedad, la situación de las personas en ésta, las relaciones sociales e incluso familiares.

La reforma laboral no supone una agresión parcial, marco en que se la quiere situar, de ahí la ofensiva contra los trabajadores de la función pública, trabajadores en paro y otros colectivos, y contra los sindicatos como si éstos fueran una cosa aparte, no constituidos precisamente por los anteriores y los trabajadores en general, buscando que la respuesta y las movilizaciones sean dispersas, incluso corporativas, intentado hacer ver que la reforma laboral afecta solo a un colectivo, el de los trabajadores con empleo fijo y que aun cuando suponga para estos algún problema aporta un beneficio para el conjunto de la sociedad.

Esto es una gran falacia, primero porque ¿qué es el conjunto de la sociedad sino las personas que la constituyen con su trabajo, sus estudios y su participación en ella? y en segundo lugar porque el trabajo, tenerlo ó carecer de él y su calidad, sigue determinando la vida de las personas en todas sus facetas .

Cualquier actividad, cualquier proyecto personal ó familiar es imposible de realizar sin que las personas puedan estar integradas con estabilidad en el marco de un trabajo digno y con derechos y su carencia modifica el conjunto de todas las relaciones sociales, que es hacia donde apunta en el fondo la reforma laboral.

Al mismo tiempo se orienta al debilitamiento, ya que la desaparición no es posible, de las estructuras que vertebran una sociedad democrática. No es casual que el presidente del gobierno y sus portavoces expresaran en el Parlamento, justo para descalificar a los sindicatos, y también a las organizaciones patronales, que a pesar de estos, el gobierno estaba obligado a trabajar para la sociedad, entendida esta como un magma entre el cual y su gobierno las estructuras intermedias son un estorbo y no una vertebración social y democrática, además de constitucional.

En efecto, porque en una verdadera sociedad avanzada, los ciudadanos se organizan democráticamente en función de sus intereses, gustos o caprichos y esa articulación es la que posibilita, defensa de intereses, elaboración de propuestas, negociaciones y también movilizaciones, que dan la pauta de una sociedad compleja y madura, contra lo cual también se dispara en la reforma laboral.

El trabajo debe volver al centro de la sociedad ,como han reclamado con insistencia los sindicatos en sus últimos congresos, el trabajo como motor de la creación de riqueza y garante de la dignidad de las personas y también de una sociedad en él basada y no en especulaciones financieras ó de otro tipo, con intención de diluir también su sentido hablando permanente de paro, de empleo, de los problemas de marginalidad social, problemas todos ellos muy importantes, pero dejando al trabajo como tal, en un gaseoso segundo plano.

A este respecto es muy significativa la desaparición del Ministerio de Trabajo que siempre ha existido, con cualquier régimen, en la historia de España y su sustitución por una denominación gaseosa de Empleo y asuntos sociales, abundando en esa idea de restar valor al trabajo, remitiendo a una sociedad desarticulada donde el interés de las personas sea simplemente el de conseguir ingresos, de cualquier empleo, de un subsidio ó de cualquier otra ayuda cada vez con un carácter más asistencial. No estaría de más que una reivindicación sindical fuera la de exigir la devolución del nombre al Ministerio de Trabajo (las palabras son importantes).

Efectivamente, la Reforma Laboral apunta contra las condiciones de trabajo y también contra el Derecho del Trabajo, pero su alcance intenta ir mucho más allá, el cambio de modelo que se pretende propiciar va a afectar a cualquier ciudadano sea o no trabajador por cuenta ajena, de ahí la importancia de la respuesta, afecta a todos y ha de ser lo mas amplia posible. En ese sentido apunta la Plataforma recientemente creada por CCOO, UGT y numerosas organizaciones sociales en defensa del Estado del Bienestar que tendrá una referencia en la convocatoria del 29 de febrero hecha por la Confederación Europea de Sindicatos.

¿POR QUÉ CONTINÚO SIENDO REPUBLICANO?

(Nueva Tribuna, 24/02/2012)

Vicenç Navarro
 
La presentación (¡por fin!) del programa Monarquía o República, en la televisión pública catalana, TV3, que ha sido retrasada más de un año, y después de cuatro cambios impuestos a los autores Montserrat Armengou y Ricard Belis, está creando un gran debate en Catalunya (más en la red que en los medios de mayor difusión, que continúan considerando el tema de la forma de Estado un tema tabú) que espero se extienda pronto al resto de España. A fin de contribuir a este debate publico ahora, de nuevo, en El Plural, un artículo que publiqué hace más de dos años en Público, 23.04.09 (con el permiso de tal rotativo) modificado para añadir algunas reflexiones al final del artículo.

"Como era predecible, mis críticas al Rey y a la Monarquía han creado gran revuelo, lo cual me fuerza a responder elaborando el por qué creo que sería mejor que en España tuviéramos una República en lugar de una Monarquía. Durante mi largo exilio he vivido en varios países, incluyendo una República, Estados Unidos. Y aún cuando he sido muy crítico en mis escritos con la democracia estadounidense, hay un aspecto de ella que valoro muy positivamente: la cultura republicana en la que las distancias sociales entre el Jefe del Estado y las clases populares son mucho más reducidas que en cualquier sistema monárquico. Tal cultura democrática transmite una sensación de que el poder deriva de la ciudadanía puesto que si a la población no le agrada el Jefe del Estado puede cambiarlo por otro. Es más, cualquier ciudadano puede aspirar a ser Jefe del Estado. Esta distancia se reduce incluso más cuando tal Jefe del Estado procede de las clases populares que sienten al Presidente como alguien suyo. Vimos en 2009 la gran alegría entre las clases populares (y muy especialmente entre la población afroamericana) de aquel país al ser elegido uno de ellos (hijo de una madre pobre y de un padre africano de Kenia) Presidente. La sensación de poder y complicidad con el Jefe del Estado en estas situaciones es enorme. No es sólo la capacidad de elegir al jefe del Estado sino también la percepción de que todos pueden serlo, lo que da gran poder a la ciudadanía.

Tal principio de responsabilidad democrática es negado en una Monarquía. En ésta, la distancia social es intrínseca en el sistema y aparece constantemente, como cuando el Rey llama de tú a todos los ciudadanos, los cuales deben referirse a él de usted, todo ello envuelto en un ambiente jerárquico y cortesano que enfatiza esta distancia. Incluso el Himno Nacional es una marcha real frente a la cual los ciudadanos se yerguen respetuosamente en silencio. Se reproduce así una cultura de vasallaje a la cual algunas izquierdas no son inmunes. Véase el blindaje mediático de la figura del Rey. Voces críticas apenas tienen cabida en los medios de información y persuasión del país.

A estas reservas a la Monarquía añado otras que tienen que ver con los orígenes de la Monarquía en España y su desarrollo durante la democracia. El Monarca no sólo fue nombrado por el Dictador sino que fue parte de la nomenclatura de aquel estado dictatorial dirigido por un General al cual nunca ha criticado. Antes al contrario, lo ha alabado incluso en tiempo de democracia. Así, el 18 de Julio de 1978, la Casa del Rey publicó el siguiente texto: "Hoy se conmemora el aniversario del Alzamiento Nacional que dio a España la victoria contra el odio y la miseria, la victoria contra la anarquía, la victoria para llevar la paz y el bienestar a todos los españoles. Surgió el Ejército, escuela de virtudes nacionales, y a su cabeza el Generalísimo Franco, forjador de la gran obra de regeneración". Tal supuesta regeneración condujo a 192.684 ejecuciones y asesinatos, incluyendo 30.000 (que se ha ido descubriendo que incluye cifras muy mayores, casi 120.000) personas que continúan desaparecidas, estableciendo una dictadura en gran parte responsable del enorme retraso económico y social de España. Cuando el Dictador murió, España tenía el porcentaje más elevado de Europa de personas con escasa educación (84%).

La Casa Real es un círculo profundamente conservador como lo atestiguan declaraciones de sus miembros que incluyen desde las declaraciones de la Reina (definiendo a una de las dictaduras más represivas que han existido en Europa como una dictadura blanda), a las del jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, quien subrayó su coincidencia con Pío Moa en una entrevista a El Periódico (08.07.03) en su justificación del golpe militar del 1936 y la dictadura que estableció. El mundo social del Monarca, que es el Jefe de los Ejércitos, es predominantemente el mundo empresarial y financiero. Es un error derivar de los abruptos anti-monarca del ultraderechista Losantos, concluir que las derechas han dejado de ser monárquicas. El eje central de las derechas lo constituye el Ejército, la Iglesia, la Patronal y la Banca, que apoyaron y continuarán apoyando a la Monarquía porque les ofrece un orden constitucional que les favorece. Prueba de ello es la continua promoción de la Monarquía y del Rey en los medios de información que controlan o influencian, que son muchos.

Es el temor a los herederos de la dictadura, incluyendo a la Monarquía, el que ha frenado la corrección de la historia de nuestro país, incluyendo lo que fue la República, la Dictadura y la Transición, presentándose ésta como resultado de la vocación democrática del Monarca, ignorando el papel determinante que tuvieron las movilizaciones obreras que forzaron la apertura democrática que no existía en los proyectos originales aprobados por los gobiernos monárquicos de aquel periodo. De ahí que haya definido esta tergiversada versión de la Transición de la dictadura a la democracia como falsa, es decir que no corresponde a la realidad.

No dije, sin embargo, -como se me acusa- que la Transición era falsa, pues la democracia significó un importante cambio real y no falso. Lo que sí dije, y me reafirmo en ello, es que la Transición fue inmodélica pues la democracia, resultado de aquel proceso dista mucho de ser ejemplar. Tampoco dije, como se me acusó, que el Estado español está controlado por las derechas. Dije que éstas tienen mucha más influencia sobre tal Estado que las izquierdas, lo cual explica la continuación de la democracia incompleta, causa del bienestar insuficiente de nuestro pueblo. Indicar que la Monarquía (junto con la Iglesia, el Ejército, la Patronal y la Banca) no tiene nada que ver con ello me parece que es desconocer la realidad que nos rodea".

Hasta aquí el artículo que escribí en 2009 y que continúo subscribiendo desde el principio al final. En realidad, estos dos años confirman todavía más la certeza de mi diagnóstico sobre el papel negativo que la Monarquía está jugando en el país, inhibiendo el desarrollo democrático de España. Acabamos de ver el linchamiento por parte del Tribunal Supremo del único juez en España que se atrevió a intentar enjuiciar los crímenes del franquismo, instruyendo además al Estado a que encontrara a los asesinados por la Falange y por las Fuerzas Armadas sublevadas, apoyadas por la Iglesia Católica, que permanecen desaparecidos. Ello es indicador de lo inmodélica que fue la Transición de la dictadura a la democracia y la baja calidad de esta última. El Estado, su composición y sus aparatos continúan reproduciendo una cultura profundamente conservadora, escasamente democrática, que se nutre de instituciones como la Real Academia de la Historia, cuya expresión de ultraderechismo aparece en su biografía de Franco. Ningún otro país democrático permitiría tales hechos.

La Monarquía es el centro institucional de tal Estado, profundamente conservador, que sigue protegiendo a los grupos que fueron dominantes durante la dictadura (el Ejército, cuyo jefe es el Monarca, la Iglesia Católica, la banca y la gran patronal), y que continúan siéndolo durante la democracia incompleta que tenemos. Desligar la Monarquía de este entramado definiendo al Rey como "republicano", es una frivolidad que demuestra un profundo desconocimiento de la distribución del poder económico, financiero, cultural, ideológico y mediático en España, y la función reproductora de la Monarquía de tal distribución de poder. El hecho de que España sea el país de la Unión Europea de los Quince con el gasto público social por habitante más bajo y con el fraude fiscal más alto (del cual el 72%, según los técnicos de la Agencia Tributaria, lo realizan las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año -que representan menos del 0,18% de todas las empresas- y la banca), se debe a esta realidad: la enorme influencia de tal bloque de poder, cohesionado por la Monarquía y la Iglesia católica y defendido por el Ejército, por la policía y por el sistema judicial. De ahí, que el cambio de Monarquía a República no sería un mero cambio de la persona que ocupa la jefatura del Estado, sino el inicio del deshilachado de tal entramado.

“¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON QUE EL CANAL DE ISABEL II SIGA SIENDO 100% PÚBLICO?"

(Madrilonia, 27/02/2012)

La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II invita a los madrileños a contestar a la pregunta este domingo en una consulta ciudadana

Serán 270 las mesas electorales que los ciudadanos de Madrid encontrarán en distintos puntos de la capital este domingo 4 de marzo para poder dar su opinión sobre la entrada de capital privado en el Canal de Isabel II. La iniciativa ha sido presentada por la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, de la que forman parte varios colectivos y asociaciones de vecinos de la región, que organizará una consulta ciudadana en la que se preguntará a los madrileños si están de acuerdo con que el Canal de Isabel siga siendo 100% público.

Además de grupos como Izuqierda Unida, Equo o Comusiones Obreras, la Plataforma cuenta con el apoyo de las asambleas de barrios y pueblos del 15M en la Comunidad, que están ayudando en la difusión de la "campaña de concienciación" de la población, ya visible en las pancartas explicativas presentes en plazas y calles de la región.

La decisión de privatizar el 49% del Canal de Isabel fue tomada por el Gobierno del Partido Popular, en septiembre de 2008, y el Ejecutivo de Esperanza Aguirre aprobó la medida en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos, "hurtando a la ciudadanía la información, primero, y el debate, después", según señala la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). "La privatización del 49% del canal constituye, no solo un expolio del patrimonio público, sino un atentado en toda regla de un derecho humano fundamental: el acceso un bien natural: el agua", añaden desde la FRAVM.

Los Ayuntamientos de San Fernando de Henares, Rivas-Vaciamadrid, Coslada, Getafe, Leganés, Fuenlabrada y Colmenarejo presentaron el pasado mes de diciembre una Iniciativa Legislativa Municipal. Sin embargo, se encuentra "bloqueada" y "sin tramitación para su debate" en la Asamblea regional, según señalaba Enrique Ortega, miembro de la Plataforma, en la rueda de prensa de presentación de la consulta. Los Consistorios alegaron que en el convenio con la empresa privada que se ocuparía de la gestión del agua se introducirían cláusulas "abusivas" que favorecerían a los grandes municipios en detrimiento de los pequeños.

LA PÉRDIDA DE DERECHOS TIENE QUE VER CON EL MODELO DE ESTADO

(Nueva Tribuna, 26/02/2012)

Francisco Delgado
 
Después de más de tres décadas, desde que se aprobó la Constitución de 1978, formalmente a-confesional: Ninguna confesión tendrá carácter estatal (Art. 16.3) y nadie podrá ser obligado a declarar sobre sus creencias (Art.16.2). Se garantiza la igualdad absoluta ante la ley, entre los ciudadanos, sin que pueda prevalecer segregación o discriminación alguna, por razón de sexo, convicciones,… etc. (Art. 14). Las nomas fundamentales de convivencia estarán de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás convenciones que salvaguardan la libertad de conciencia, de convicciones… (Art. 10).

Sin embargo la realidad, -en la práctica-, política e institucional es que estamos en un Estado confesional católico, en donde al resto de religiones, se les reconoce en un plano inferior a la católica por parte de las instituciones del Estado (son alrededor de dos mil entidades religiosas reconocidas por el Estado, de las que aproximadamente una decena las consideran de notorio arraigo). Al resto de convicciones y creencias, religiosas o no, el Estado no presta ninguna atención, ni salvaguarda el derecho a la libertad de conciencia, en toda su magnitud.

Esta anacrónica situación es consecuencia de los Acuerdos firmados entre el Estado español y la Santa Sede, en 1979, que -rotundamente- no se atienen a los principios constitucionales básicos mencionados en el párrafo primero. Acuerdos que el Estado español da el tratamiento de "internacionales", aunque organizaciones como Europa Laica y otras de todo el mundo, ni reconocemos al Vaticano, como un Estado (fue una necia concesión interesada del fascismo italiano, además de no cumplir los elementos básicos de un Estado), ni reconocemos, por su propia naturaleza, esos acuerdos en el marco del derecho internacional.

Por otro lado, porque la Constitución, en su calculada ambigüedad, en aras al consenso de la denominada transición, incorporó un modelo de jefatura de Estado con una monarquía católica, impuesta por el general Franco, a través de la denominada Ley de sucesión. Además de colocar en el articulado general algunos retazos confesionalmente católicos, como la referencia expresa a la iglesia católica (única entidad privada que figura en la Constitución), el reconocer conciencia a los colectivos y el dar potestad a las familias, para que eduquen a sus hijos como lo deseen, sin tener en cuenta las limitaciones del derecho internacional a la libertad de conciencia de los menores.

La jerarquía católica y sus fundamentalistas grupos aliados lanzan, con frecuencia, soflamas y acciones incendiarias integristas, con el fin no sólo de defender su histórico estatus, sino de aumentarlo.

También, porque las diferentes mayorías parlamentarias -UCD, AP, PSOE, PP, con las coaliciones nacionalistas varias- que han sostenido a los Gobiernos, desde 1978, no han dado pasos firmes para defender el derecho a la libertad de conciencia de toda la ciudadanía por igual.

Y por último, porque el tejido social organizado, mayoritariamente, no ha contemplado como prioritario de sus agendas políticas, la construcción del Estado laico.

Que vivimos en un Estado confesional católico se evidencia porque, incluso, se ha aumentado la financiación estatal del culto religioso (ampliamente católico); continúa la donación de bienes y patrimonio público a la Iglesia católica y, ahora, muy tímidamente a otras confesiones; se permite a la Iglesia católica que, con dinero público, financie proselitismo religioso a gran escala; se les exonera de impuestos tan importantes para los ayuntamientos como el IBI; y además se le financia la enseñanza del catecismo en la escuela pública en horario lectivo, así como toda la enseñanza en los centros educativos de "ideario católico" que han crecido, cuantitativamente, en los años de democracia. Además, se siguen organizando actos religiosos de Estado que deberían de tener una finalidad exclusivamente civil, como funerales, apertura de años judiciales y otros eventos. Se mantienen capellanes-funcionarios católicos en el Ejército, cárceles y hospitales, así como simbología y actos religiosos en estos y en algunos lugares públicos, como centros educativos. Los ministros y otros cargos representativos siguen prometiendo o jurando su lealtad al Estado delante de simbología católica. En el código civil y penal existen conceptos del dogma católico y confiere al matrimonio canónico católico efectos civiles (ahora también a otras confesiones en virtud de acuerdos suscritos con el Estado). Los poderes públicos permiten (y protegen) la objeción a profesionales de la sanidad, la judicatura o la educación por cuestiones religiosas en el marco de lo público, sin tener alternativas que garantice la libertad de conciencia individual de cada persona., etc.

Curiosamente, y a pesar de ello, la jerarquía católica y sus fundamentalistas grupos aliados lanzan, con frecuencia, soflamas y acciones incendiarias integristas, con el fin no sólo de defender su histórico estatus, sino de aumentarlo (consiguiéndolo en algún ámbito, como es el de la enseñanza y la financiación) y, ahora además, se supone que en cuanto a los derechos civiles: entre los que destacan la salud en sus diversas faceras como la reproductiva, los avances científicos, la buena muerte… y, por supuesto, en cuanto a la igualdad de género e identidades sexuales.

Ahora se oyen tímidas voces de algunos políticos (del PSOE) de que podrían proponer la derogación de algunos aspectos de los Acuerdos con la Santa Sede. ¡A buenas horas!: Sus trayectorias les restan credibilidad… aunque nunca es tarde…

La pérdida de derechos sindicales, políticos, a la libertad de expresión y de conciencia, a la salud, en materia de enseñanza y de apoyo a la ciencia… que se avecina (o está ya aquí), tiene mucho que ver con la economía, con los mercados, con el despilfarro, con banqueros, empresarios y políticos codiciosos, pero también, que no nos quepa la menor duda, con un modelo de Estado confesional, patriarcal y teocrático, preñado de dogmatismos y verdades absolutas.

La sociedad española, en cuanto a convicciones y costumbres, ha evolucionado muchísimo, en estas tres décadas. El seguimiento práctico a la doctrina que marca la jerarquía católica es cada vez más débil. Crecen otras religiones muy diversas y, sobre todo, aumenta el interés por el humanismo ateo, agnóstico y por otras identidades y convicciones éticas y morales, ajenas a lo religioso. La pluralidad se ha instalado, sin mayor problema. Hagamos que esa pluralidad social, arraigue en las instituciones del Estado.

Por ello es necesario luchar por nuestros derechos universales, paralelamente a la lucha por el Estado laico, que sería hoy de haberlo alcanzado -no me cabe la menor duda- una tremenda barrera a la pérdida de múltiples derechos, como sucede, si lo analizamos a fondo, en países de trayectoria laicista. Está claro que tenemos que volver a empezar…

POLÍTICA ECONÓMICA Y RENTA BÁSICA

(Diario de Mallorca, 22/02/2012)

Daniel Raventós

La realidad económica y las políticas puestas en funcionamiento por la mayor parte de gobernantes de la Unión Europea están abocando a millones personas a una situación desesperada. El gran economista Michael Hudson escribió ya en octubre de 2010 en la revista New Economic Perspectives que las políticas practicadas por los gobiernos se estaban sirviendo "de la crisis bancaria (generada por préstamos inmobiliarios de mala calidad y por la morosidad, no por unos costes laborales altos) como ocasión para cambiar las leyes y permitir que las empresas privadas y los entes públicos puedan despedir de barato y más discrecionalmente a los trabajadores, así como reducir las pensiones y el gasto social a fin de pagar más a los bancos."

 

 El gobierno actual del Reino de España ya ha puesto en marcha una medidas económicas y ha anunciado otras, incluida la reforma laboral, que siguen insistiendo en más de los mismo. Los 5,3 millones de parados según la última EPA sirven, aunque pueda parecer increíble, precisamente de pretexto para estas reformas. La decisión de contratar a trabajadores las empresas las toman teniendo en cuenta muchos factores, no solamente la legislación laboral del momento. Bien distinto es que se aproveche esta terrible situación de desempleo para atacar las condiciones de vida y de trabajo que la población trabajadora había conseguido en momentos más favorables. La reforma laboral juntamente con la política de "austeridad en el gasto público", son las guías de este gobierno, así como la de los otros gobiernos de la UE. Paul Krugman decía a principios de año (El País, 8-1-12): "Necesitamos más, no menos, gasto público para sacarnos de la trampa del desempleo." Y como Krugman son muchos los economistas que han llegado a esta conclusión, y algunos ya habían llegado a ella mucho antes que el Nobel de Economía de 2008. No los gobernantes de la UE. 

 

Ante una política guiada por estas directrices, ¿no parece cosa de locos proponer que toda la población tenga asegurada la existencia material mediante una asignación monetaria completamente incondicional? Esta propuesta, la de la renta básica, hace ya tres décadas que se está discutiendo académicamente y más de una que se ha discutido en algunos parlamentos. Para citar solamente los más cercanos, se ha discutido a lo largo de la última década en los parlamentos de varias comunidades autonómicas, y dos veces en el parlamento español. Se han hecho estudios económicos de su viabilidad y, ¡oh sorpresa!, mediante una reforma del IRPF y una racionalización de las asignaciones monetarias, ya se hubiera podido asignar en el año 2004 exactamente 5.400 euros anules a todos los adultos residentes en Catalunya y 2.700 a todos los menores. La renta básica no debe confundirse en ningún caso con las pirmis, rentas mínimas de inserción o lo que, con denominaciones parecidas, son rentas para pobres o de reinserción laboral. La crítica fácil de que la gente "no trabajaría con una renta básica" debe meditarse más a partir de estudios realizados que tienden a desmentir esta afirmación. Y quizás una de las razones más importantes de ello es que la renta básica es compatible con otras fuentes de renta, no como las asignaciones dirigidas a pobres que, por regla general, están condicionadas a no percibir otras fuentes de renta. Una importante conclusión al respecto: las críticas que puedan servir para las rentas condicionadas, precisamente son estériles como críticas a la renta básica por su característica de incondicional. 

 

La propuesta de la renta básica puede ser vista (en todas las propuestas serias de financiación, los ricos pierden y los pobres ganan) como una gran redistribución de renta de los ricos hacia el resto de la población, exactamente lo contrario de lo que viene haciéndose a lo largo de los últimos 30 años.
Tan importante o más que todo lo anterior, es el hecho de que la renta básica no es solamente una medida contra la pobreza sino que se trata de una propuesta que, como muchos autores han insistido, incrementaría la libertad de buena parte de la población. La renta básica posibilitaría, por primera vez en la historia, que toda la población tuviera la existencia material garantizada. Y esta posibilidad, claro está, es de tal magnitud que no puede extrañar que amedrente a algunos y dé vértigo a otros.

El que fue uno de los economistas estadounidenses más respetados del siglo XX, J. K. Galbraith, dejó escrito que "la economía no existe al margen de la política". Sería deseable que no se olvidara por parte de la mayor parte de la población para no dejarse intimidar sobre los supuestos aspectos "exclusivamente técnicos" de la política económica. Primero es la política que se decide seguir y después se diseña la economía que a ello se adapta.

EL PROBLEMA ES LA FALTA DE ALTERNATIVA POLÍTICA

 Nueva Tribuna, 27/02/2012)

Manel García Biel
 
En las manifestaciones del pasado 19 de febrero, la izquierda social organizada, es decir los sindicatos mayoritarios volvieron a demostrar que existen. Los trabajadores desmintieron a los voceros del gobierno y a su mensaje mentiroso de que la oposición sindical a la Reforma Laboral es por su perdida de poder. Los trabajadores saben que dicha Reforma los deja inermes ante los empresarios y sin su mejor instrumento de defensa: los sindicatos.

Los sindicatos, con inteligencia, no han ido detrás del trapo rojo que les enseñaba el gobierno y han decidido una estrategia de movilización de largo recorrido, comenzando por la explicación de los contenidos de la reforma y siguiendo el recorrido del trámite parlamentario y sus posibles modificaciones. Los sindicatos no quieren caer en la trampa de entrar al trapo. Todos recuerdan lo sucedido en Gran Bretaña con la fracasada huelga minera dirigida por Scargill contra Tatcher y como aún hoy el movimiento sindical británico no se ha recuperado de la derrota.

Por tanto los sindicatos de momento calientan motores con las primeras movilizaciones y extienden la explicación de la situación a los trabajadores. Saben que se encuentran en una situación compleja. El Gobierno del PP no lleva ni tres meses, de una legislatura de cuatro años, en la que cuenta con una mayoría absoluta a la que debe sumar su apéndice de CiU. Todo el mundo sabe que la situación laboral no mejorará con las medidas sino que empeorará. Después de las elecciones andaluzas el Gobierno aprobará un durísimo plan de ajuste a través de la Ley de Presupuestos. Todo esto son elementos a tener en cuenta. Y en todo caso, como dijo Toxo, si se ha de convocar una huelga general serán los sindicatos los que decidan cuando. Y debe ser cuando le haga más daño al gobierno.

Esa es la situación de los sindicatos y de la izquierda social en el ámbito que le es propio. Pero la realidad, para la sociedad española es más compleja. Nadie puede exigir que los sindicatos sean la alternativa política al gobierno. No se puede plantear que los sindicatos hagan frente, por si solos, a todas las políticas derivadas de la actuación de un gobierno que ha obtenido hace poco tiempo mayoría absoluta en las urnas. No se puede votar un día en las urnas a la derecha y exigir y hacer responsable a los sindicatos de la actuación del gobierno. Eso no le es exigible a los sindicatos por que es injusto y seria sumamente demagógico y farisaico por parte de la sociedad. Máximo en un momento en el que desde el gobierno se pretende eliminar o disminuir a la única oposición de izquierdas importante realmente existente, la izquierda social: los sindicatos, contra los que ha iniciado una sucia campaña de desprestigio directamente y a través de sus voceros mediáticos.

Seamos claros desde la izquierda no es de recibo descalificar a los sindicatos porque no hagan más. Aquí lo que hace falta es una alternativa, que no alternancia, de izquierdas. Porque estamos ante una grave situación política, la más grave de la democracia. Estamos ante una amplia mayoría de derechas que pretende llevar a término una profunda involución en nuestra sociedad. Es un verdadero golpe parlamentario que abre un escenario de excepción democrática. La vuelta al pasado en todos los temas, desde derechos sociales como el del aborto hasta la designación del poder judicial, la reforma laboral, el caso Garzón, hasta llegar a la violencia policial practicada en Valencia. La situación de deterioro democrático es grave y profunda. Y se precisa una respuesta desde el ámbito de la política. Esa es la debilidad y no los sindicatos que cubren más espacio del que les correspondería.

Y el panorama político de la izquierda es desolador. El centro-izquierda social-liberal del PSOE está en una situación de suma debilidad y lo que es peor sin perspectivas de solución. Asumieron acríticamente las posiciones económicas de la derecha y ahora únicamente pueden quejarse de que ahora el PP va mucho más lejos, pero el sometimiento al "dicktat" de Merkel, el cambio constitucional "express" son demostrativos de una falta de planteamiento arraigado que permita construir una alternativa.

Y a su izquierda, un magma, vivo pero desarticulado y de múltiples grupos, alguno como el más importante al menos en cuanto es una referencia global estatal, IU, restos de una izquierda anclada en el pasado que fagocita a sus mejores elementos y que va exportando hacia otras órbitas a la gente con mayor capacidad de futuro. Por otra parte experiencias interesantes pero limitadas a ámbitos territoriales, el caso más evidente y exitoso es el de ICV, pero a los que falta una mayor coordinación o referencias en el ámbito del conjunto del estado. Hay numerosas opciones y expectativas como Compromis, CHA, etc..., y otras izquierdas ya existentes hace tiempo como BNG con sus vaivenes y crisis intermitentes, etc. Y hay opciones nuevas que pretenden hacerse con un espacio, caso de Equo, pero a los que les falta experiencia y capacidad de analizar el actual contexto en el que lo más importante es unir, no dividir.

La necesidad social de que se articule una alternativa de izquierdas, unitaria con capacidad de ilusionar a la gente de izquierdas y a la vez de presionar y tender la mano para hacer políticas progresistas con el centro-izquierda del PSOE, es urgente. Es evidente que hay nicho electoral para ese Frente Amplio que demandaba Llamazares. Lo que hace falta es voluntad política por parte de los que pueden constituirlo más allá de predominios y mezquindades organizativas. El Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural ha sido un experimento embrionario, pero a su vez demostrativo de sus limitaciones. Es necesario mucho más. Debemos tener en cuenta que sin articulación política no hay salida. Ni los sindicatos ni movimientos, que sólo son síntomas de situaciones como el 15M, pueden ser solución para la actual situación.

En este país hay izquierda, lo demuestra la propia izquierda social, hay políticos de izquierda en diversos ámbitos, veteranos y jóvenes, desde la socialdemocracia de verdad hasta el ecologismo y el altermundismo, podemos poner numerosos ejemplos, desde Josep Borrell, Antonio Gutiérrez, Gaspar Llamazares, hasta Joan Herrera, Alberto Garzón, Joan Coscubiela o Mónica Oltra. Gente con tirada hay, pero hace falta organización y sobretodo voluntad política de unidad. Poner los intereses de la sociedad de izquierda frente a los de los aparatos y los personales.

No busquemos los problemas donde no están, la hegemonía de la derecha no es culpa de la sociedad, ni de los sindicatos, es un problema de falta de alternativa es decir: falta de discurso y proyecto alternativo, falta de unidad entre quien debe conformarla y falta de organización política. En definitiva y como se dice en el título: El problema es la falta de alternativa política.

LA POBREZA SIGUE CRECIENDO EN ESPAÑA

(Nueva Tribuna, 26/02/2012)

Héctor Maravall Gómez-Allende
 
Periódicamente la Fundación Foessa de Caritas nos atiza un puñetazo en el estomago con la publicación de sus informes sobre la pobreza y exclusión social en nuestro país. Los datos nunca mejoran, empeoran y ahora con la crisis, más. Lo malo es que o terminamos insensibilizándonos o buscamos coartadas para no hacer mucho caso de lo que dicen.

Ya se sabe, son gente de la Iglesia Católica, exageran, lo que buscan es conseguir mas recursos públicos y privados para sus actividades, no son rigurosos en sus análisis…. Lo cierto es que Foessa al detectar la situación de la pobreza en España cubre un vacío que debería afrontar las Administraciones Públicas. Tan solo cuando se han presentado los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social del Reino de España, se han acompañado de Anexos de diagnostico de situación, que en lo sustancial coinciden con los datos de Caritas. Por su parte el INE, en sus Encuestas de Condiciones de vida, están incluyendo un apartado sobre riesgo de pobreza, que igualmente recogen cifras similares a las aportadas por Foessa. Por tanto, aquí no hay trampa.

Es evidente que hablar de pobreza en España, no es lo mismo que hacerlo en Bolivia, en Somalia o en Afganistán o incluso en algún otro país de la Unión Europea como Rumania. Pero esto nunca puede ser una excusa o un consuelo. La pobreza que tenemos que afrontar los españoles es la de nuestros conciudadanos y los índices de pobreza se establecen en función de estar por debajo del 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo. Dicho en otras palabras, las condiciones de los pobres españoles no son ni mucho menos las de los pobres del tercer mundo, pero en relación con la sociedad en la que viven son pobres. En definitiva las tasas de pobreza son un elemento sustancial para determinar el nivel de desigualdad e injusticia que hay en un país, en este caso en España.

Los datos son intolerables. Siguiendo la Encuesta del INE, en el año 2004 era el 19'9% de la población, en el año 2008 había descendido tres décimas, el 19'6%, y en el 2011 ha ascendido al 21'8%. Estamos hablando nada menos que de 10'2 millones de personas.

Si descendemos un poco en la identificación de la pobreza, encontramos un dato muy interesante. La pobreza ha descendido sensiblemente en la población de mas de 65 años, del 29'5% al 21'7% y sin embargo se ha incrementado en los de menos de 16 años, de 24'2% al 26'5% y mas aun en el tramo de la población adulta de 16 a 64 años, del 16'4% al 20'7%.
Esto puede interpretarse como que el Sistema de Pensiones de la Seguridad Social ha venido jugando un papel muy positivo para reducir la pobreza. Por el contrario, el deterioro de las condiciones de trabajo y salario y el incremento del paro se ha traducido en un incremento de la pobreza en el resto de la población adulta y en los menores. También es muy elocuente resaltar que la pobreza se ha incrementado algo mas en los hombres que en las mujeres, pasando del 18'9% al 21 y del 20'8% al 22'5% respectivamente.

Hay que subrayar que el umbral de la pobreza, que lógicamente año tras año iba ascendiendo, al mejorar los niveles de renta de la población, en el año 2010 por primera vez ha descendido, pasando de 7.980 euros anuales por persona a 7.818 euros.

Y si la desigualdad vertical se ha intensificado, la desigualdad territorial es más que alarmante. En el abanico diferencial es de nada menos que 30 puntos, entre una tasa del 38'2% en Extremadura al 7'3% en Navarra. Esta cifra cuestiona a fondo la capacidad redistributiva del Estado Autonómico, en el que otras tres Comunidades Autónomas, Canarias, Andalucía y Murcia, tienen tasas de riesgo de pobreza en torno al 30%.

Con estos datos, que se irán agravando, reducir las políticas sociales y el gasto social, es apostar directamente por el incremento de la pobreza y la desigualdad. No podemos olvidar que los diez años de gran crecimiento económico no han servido para reducir los índices de pobreza en España, lo cual es una vergüenza en los debes de los gobiernos del PP y del PSOE.

La Unión Europa desde finales de los años 90 ha establecido que los estados miembros aprueben Planes de Acción contra la pobreza e inclusión social. En España se han hecho hasta cuatro planes bianuales. El ultimo el del 2008-2010. Ni el gobierno de Rodríguez Zapatero preparo su actualización, ni la nueva ministra Ana Mato en su comparecencia en el Congreso de los Diputados ha hablado del tema. Posiblemente unos y otros se hayan olvidado, dados los nulos resultados de los anteriores, que se limitaban a agrupar políticas sectoriales ya establecidas, sin establecer nuevas medidas especificas y nuevos recursos presupuestarios finalistas.

Así estamos. Reducir la pobreza ni es fácil ni es rápido, pero debería ser una de las prioridades políticas el diseñar una estrategia de lucha contra la pobreza, que tienen que ser compartida por las tres administraciones publicas. Mientras no se haga España será un país terriblemente injusto.

EL 15M PREPARA UNA "PRIMAVERA GLOBAL" EL PRÓXIMO #12M

(laRepublica.es, 26/02/2012)

El Movimiento 15M, más conocido como el de los "indignados", ya está preparando una marcha "a nivel global" para volver a salir a las calles el próximo 12 de mayo, tres días antes de que se cumpla un año de las manifestaciones que dieron origen al movimiento en España.

"Queremos hacer algo, crear una nueva huelga ciudadana que no sea la tradicional de los sindicatos", ha explicado uno de los portavoces de Democracia Real Ya (DRY). haciendo referencia a las manifestaciones multitudiarias que recorrieron las calles el pasado 15 de octubre de más de 1.000 ciudades bajo el lema 'Unidos por un cambio global' y que fueron calificadas por los organizadores como un éxito.

En esta ocasión, el objetivo, tal y como ha señalado este portavoz, es volver a denunciar a nivel global que "las políticas neoliberales están llevando a los países a la ruina" y que "el Estado de Bienestar ya no existe", además de celebrar, por lo menos en España, el aniversario del inicio del movimiento, cuyos pioneros en nuestro país fueron los indignados que acamparon en la emblemática Puerta del Sol y en otras plazas españolas para reclamar un cambio social, político y económico, y una "democracia real".

De momento, la comisión internacional de DRY ha comenzado ya a establecer los necesarios contactos con otras asociaciones y organizaciones de indignados, tanto españolas como de otros países, para coordinar el evento del próximo 12 de mayo, que en Estados Unidos ya se están dando a conocer como la 'Primavera Global' ('Global Spring').

Así, desde su página web, los integrantes del movimiento neoyorkino "Occupy Wall Street", el más representativo de los indignados estadounidenses, ya animan a todos los ciudadanos del mundo a sumarse al "Big Big Global Day", cita para la cual ya han confirmado su presencia varios países además de España y Estados Unidos, como Holanda, Brasil, Bélgica, Canadá, Francia e Italia.

En dicha página web, aclaran también que no se trata de "un día de acción para luchar por una sola causa, sino por todas". "En este día debemos manifestarnos para pedir justicia social, justicia medioambiental, comercio justo y otras muchas causas, y para poner de manifiesto cómo de interconectados están realmente los problemas a los que debemos hacer frente hoy en día", señalan.

Tanto desde la web del movimiento de los indignados estadounidenses, interoccupy.org, como desde la de "Democracia Real Ya", ya están invitando a todo el que quiera a participar en las reuniones de carácter internacional que desde este mes de febrero están realizando para "discutir las convocatrias de mayo 2012 y su contenido".

“EL HAMBRE ES OBRA DE LAS PERSONAS Y LA HUMANIDAD PUEDE ELIMINARLA”

(laRepublica.es, 25/02/2012) 

 

Éric Toussaint

Entrevista a Jean Ziegler, ex relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación

1. ¿Qué relación establece usted entre el endeudamiento de los países más industrializados y el hambre que atenaza una parte importante de la población africana?
Antes de responder a su pregunta, quisiera hablar de la extensión del desastre. La masacre anual de decenas de millones de seres humanos producida por el hambre es el escándalo de nuestro siglo. Cada cinco segundos muere de hambre un niño menor de 10 años, 37.000 personas mueren de hambre cada día y 1.000 millones, de los 7.000 que somos, quedan mutilados por la subalimentación permanente… y eso en un planeta que desborda riquezas.

El informe sobre la inseguridad alimentaria en el mundo elaborado por la FAO, que da las cifras de las víctimas, dice que la agricultura mundial en la etapa actual podría alimentar normalmente (2.200 calorías diarias por individuo adulto) a 12.000 millones de personas, o sea, casi el doble de la población mundial actual.

En el umbral de este nuevo milenio, por lo tanto no existe ninguna fatalidad, ninguna penuria objetiva. Un niño que muere de hambre cae asesinado.

Durante ocho años fui relator especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación. Este libro, Destruction massive. Géopolitique de la faim, es el relato de mis combates, de mis fracasos, de mis ocasionales y frágiles victorias y también de mis traiciones.

El problema de los que padecen hambre no es la disponibilidad general de alimentos en el planeta, sino su propio acceso a los alimentos, y esencialmente su falta de poder adquisitivo para comprarlos. El hambre estructural es la que mata cotidianamente debido a las fuerzas de producción insuficientemente desarrolladas en los campos del hemisferio sur. El hambre coyuntural, por el contrario, golpea cuando una economía se desploma bruscamente, a causa de una catástrofe climática o una guerra.

Vuelvo a su pregunta. La relación entre la deuda y la destrucción por el hambre es particularmente evidente en el combate contra el hambre coyuntural.

Entre 2008 y 2010, el Programa Alimentario Mundial perdió prácticamente la mitad de su presupuesto: era de 6.000 millones de dólares en 2008, y ahora es de 3.200 millones. Los Estados industriales se endeudaron masivamente para refinanciar a sus bancos… y han eliminado o reducido fuertemente sus contribuciones al PAM. Pero el PAM es el encargado de la ayuda alimentaria urgente en caso de catástrofe climática o de guerra.

En consecuencia, el Programa Alimentario Mundial no puede comprar alimentos suficientes para la ayuda urgente en caso de hambruna, como pasa ahora en el Cuerno de África, donde los funcionarios de la ONU rechazan todos los días la entrada de cientos de familias, refugiadas del hambre, en sus 17 campos de acogida instalados en la región. La deuda es responsable de la destrucción de miles de seres humanos.

2. Bajo la misma perspectiva, ¿qué relación establecería usted entre la crisis bancaria y económica que estalló en los años 2007-2008 en los países más industrializados y la crisis alimentaria mundial, casi simultánea?
La crisis financiera de 2007-2008 provocada por la delincuencia bancaria tuvo en especial dos consecuencias. La primera: los fondos especulativos (hedge funds) y los grandes bancos se trasladaron después de 2008, abandonando los mercados financieros para orientarse hacia mercados de bienes primarios, principalmente agrícolas. Si observamos los precios de los tres alimentos básicos (maíz, arroz y trigo), que cubren el 75% del consumo mundial de alimentos, vemos que aumentaron de forma explosiva. En 18 meses, el precio del maíz aumentó un 98%, la tonelada de arroz pasó de 105 dólares a 1.010 dólares y la tonelada de trigo para harina dobló su precio desde septiembre de 2010, pasando a 271 euros. Esta explosión de precios produce beneficios astronómicos a los especuladores, pero mata en los barrios miserables a centenares de miles de mujeres, hombres y niños.

La segunda consecuencia es la carrera de los hedge funds y otros especuladores por las tierras cultivables del hemisferio sur.

Según el Banco Mundial, el año pasado, 41 millones de hectáreas de tierras cultivables fueron acaparadas por fondos de inversiones y multinacionales únicamente en África, con el resultado de la expulsión de los pequeños campesinos. Lo que se debe denunciar es el papel del Banco Mundial, y también del Banco Africano de Desarrollo, que financian estos robos de tierras. Para justificarse, estas organizaciones enuncian la teoría perniciosa de que la productividad agrícola en África es muy baja. Cosa cierta. Pero se debe aclarar que no es porque los campesinos africanos sean menos competentes o menos trabajadores que los campesinos franceses. Es porque esos países están estrangulados por su deuda externa. No tienen dinero para constituir reservas para casos de catástrofes ni para invertir en la agricultura de subsistencia. Es falso que la solución vendrá de la cesión de las tierras a las multinacionales.

Lo que hay que hacer es que esos países sean capaces de invertir en agricultura y de dar a los campesinos los instrumentos mínimos para aumentar su productividad: herramientas, riego, buenas semillas, abonos.

Un ejemplo: el 3,8% de las tierras africanas son de regadío. En todo el continente sólo existen 250.000 animales para el trabajo agrícola y algunos miles de tractores. Los abonos minerales, las semillas seleccionadas están, en gran medida, ausentes.

3. ¿Cuál es la tesis central de su libro Destruction massive. La géopolitique de la faim?
El hambre es obra de las personas y la humanidad puede eliminarla. Los principales enemigos del derecho a la alimentación son la decena de sociedades transcontinentales privadas que dominan casi con exclusividad el mercado alimentario. Fijan los precios, controlan los stocks y deciden quién vivirá y quién morirá, porque solamente los que tienen dinero tendrán acceso a los alimentos. El año pasado, por ejemplo, Cargill controló más del 26% de todo el trigo comercializado en el mundo. Pero estos monopolios disponen además de organizaciones mercenarias: la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos son los tres jinetes del Apocalipsis. Si bien reconocen que el hambre es terrible, estiman que cualquier intervención en el mercado es un pecado. Para ellos, reclamar una reforma agraria, un salario mínimo o la subvención de alimentos básicos, por ejemplo, para salvar las vidas de los más pobres es una herejía. Según estos grandes trusts, que de forma conjunta controlan cerca del 85 % del mercado alimentario, el hambre solamente se vencerá en el momento en que se produzca la liberalización total del mercado y la privatización de todos los sectores públicos.

Esta teoría neoliberal es mortífera y oscurantista. La Unión Soviética se derrumbó en 1991 (fue una buena cosa). Hasta ese momento, una de cada tres personas vivía bajo un régimen comunista y el modo de producción capitalista estaba limitado regionalmente. Sin embargo, en 20 años el capitalismo financiero se extendió como la peste por todo el mundo. Y engendró una instancia única de regulación: el mercado mundial, la dichosa mano invisible. Los Estados perdieron su soberanía y la pirámide de los mártires ha crecido. Si los neoliberales tuvieran razón, la liberalización y la privatización habrían debido reabsorber el hambre. Ahora bien, se produjo justamente lo contrario. La pirámide de mártires no deja de crecer. La muerte colectiva debida al hambre se vuelve cada día más terrorífica.

Pero a pesar de su título —Destruction massive— mi libro es un libro de esperanza.
No hay impotencia en democracia. Existen medidas concretas que nosotros, ciudadanas y ciudadanos de los Estados democráticos de Europa, podríamos imponer de inmediato: prohibir la especulación en la bolsa de los productos alimentarios, hacer que se detenga el robo de tierras cultivables por las sociedades multinacionales, impedir el dumping agrícola, conseguir la anulación de la deuda externa de los países más pobres para que puedan invertir en la agricultura para la alimentación local, terminar con los agrocarburantes… Se puede obtener todo eso si nuestros pueblos se movilizan. Escribí Destruction massive. Géopolitique de la faim para fortalecer la conciencia de los ciudadanos. Y lo repito, mientras discutimos, cada cinco segundos muere de hambre un niño menor de diez años. Las fosas están allí. Y los responsables son identificables.

Además, tuvieron lugar enormes insurrecciones de campesinos —totalmente ignoradas por la prensa de Occidente— en numerosos países del Sur: en Filipinas, en Indonesia, en Honduras, en el norte de Brasil. Los campesinos invaden las tierras robadas por las sociedades multinacionales, luchan, mueren, pero también a veces salen victoriosos. George Bernanos escribió: «Dios no tiene otras manos que las nuestras».

El orden caníbal del mundo se puede destruir y se puede asegurar la felicidad material para todos. Tengo confianza: en Europa, la insurrección de las conciencias está próxima.

4. Desde hace años, en particular como vicepresidente del Comité Consultivo del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, usted actúa con el fin de que se adopte un pacto u otro instrumento legal internacional que garantice los derechos de los campesinos a escala planetaria. ¿Hasta dónde se ha llegado, actualmente?
El proyecto de una convención internacional que proteja los derechos de los campesinos (derecho a la tierra, derecho a las semillas, derecho al agua, etc.) se someterá en junio a la Comisión de los Derechos Humanos. La convención materializaría el principio de la obligación extraterritorial de los Estados. En concreto: se podría considerar al Estado francés responsable de las violaciones de los derechos de los campesinos cameruneses o de Benín por las sociedades Vincent Bolloré o Vilgrain.
La batalla es incierta.

5. ¿Qué utilidad pueden tener los análisis y las acciones del CADTM en el combate por el derecho a la alimentación, y más allá en un cambio radical en materia de derechos humanos?
El oscurantismo neoliberal envenena a la mayor parte de los gobiernos y a una gran parte de la opinión pública. Los análisis y los combates del CADTM son esenciales. Jean-Paul Sartre escribió: «Conocer al enemigo, combatir al enemigo». Esta doble exigencia está magníficamente asumida por el CADTM.

LOS EMPRESARIOS EXPLICAN LA REFORMA: ¡Despido más barato! ¡Ahora sí que sí!

(laRepublica.es, 25/02/2012)

"¿Despido más barato? Ahora sí que sí. Reducción de salarios. Por fin será una posibilidad real. Se acabó el abstentismo por falta de asistencia. Ha llegado la auténtica flexibilidad interna en la empresa. Despidos objetivos por causas económicas, más fáciles de justificar. Despidos colectivos para los que les basta la decisión del empresario. Se acabaron los salarios de tramitación. Adiós "despido express"…hola "nuevo despido express".

Estas son algunos puntos que descaradamente publica ASESORIZA SEMINARIOS en un boletín dirigido a empresarios y que celebrará un seminario el próximo 8 de marzo entre las 9:00 y las 18:00h en el Hotel Meliá Castilla (c/Capitan Haya, 43) de Madrid.

El precio del seminario es de casi 700 euros, y tiene como ponentes a Antonio V. Sempere Navarro (Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos) y a Rodrigo Martín Jimenez (Profesor Titular de Derecho del Trabajo).

Descargar folleto:
Saque Partido a la Reforma Laboral [PDF]

SALARIOS Y COMPETITIVIDAD

(VNavarro, 26/02/2012)

Vicenç Navarro

Una postura sostenida por las élites gobernantes de la Unión Europea (UE), tales como el Consejo Europeo liderado por el binomio Merkel-Sarkozy, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, así como por los partidos conservadores que hoy gobiernan la mayoría de países del tal comunidad, es que los estados periféricos de la eurozona deben su estancamiento económico a un excesivo crecimiento de los salarios que ha convertido a sus economías en poco competitivas. Esta postura subraya, pues, que a no ser que estos países reduzcan sus salarios, no podrán salir de la Gran Recesión en la que se encuentran.

Respondiendo a esta postura, el Gobierno Rajoy ha impuesto (utilizo la expresión "impuesto", pues dichas medidas no estaban en su programa electoral) la reforma laboral más agresiva que haya existido en España en su periodo democrático, que tiene como objetivo reducir los salarios a base de intervenciones que intentan debilitar al mundo del trabajo; como son la facilitación del despido (que inevitablemente aumentará el desempleo), la descentralización y debilitamiento de los convenios colectivos y el debilitamiento muy marcado de la protección social (con reducción muy acentuada de derechos laborales y sociales que la clase trabajadora y otros sectores de las clases populares habían adquirido). Los recortes en gasto público social, con reducción de las transferencias, como las pensiones, así como del gasto en los servicios del Estado del bienestar, tienen también como objetivo debilitar al mundo del trabajo, diluyendo la universalidad de tales servicios, convirtiéndolos en servicios de beneficencia, de tipo asistencial. Hoy, las clases populares en España están sometidas al ataque más frontal que hayan experimentado en el periodo democrático, bajo el pretexto de aumentar la competitividad.

Tal postura ignora deliberadamente la evidencia científica que muestra el error y/o la falsedad de cada uno de sus postulados. Veamos los datos. En primer lugar, no es cierto que los salarios reales (a diferencia de los nominales) hayan crecido más que, por ejemplo, los salarios alemanes. El economista David Lizoain ha señalado en un artículo publicado en Social Europe Journal (The ECB's Housing Omisión, 16-02-12) que Eurostat, la agencia de datos de la UE, no incluye en su cálculo de la inflación de los países miembros de tal comunidad la evolución del precio de la vivienda (uno de los artículos más importantes de consumo en nuestro país, acentuado todavía más en el periodo de la burbuja inmobiliaria), con lo cual los datos comparativos salariales han subestimado espectacularmente la inflación existente en España. Incluyendo la vivienda (para todos los países de la UE), resultaría que el salario real español (que mide la capacidad adquisitiva del trabajador) ha ido descendiendo en lugar de ir aumentando, como aparece erróneamente en los datos oficiales, incrementándose todavía más la diferencia con el salario real alemán (y el salario promedio de la Eurozona).

Otra falsedad de tal postura es asumir que el precio de los productos que se exportan es la variable determinante del éxito de las exportaciones. En realidad, el caso alemán es el mejor ejemplo de la falsedad de dicho supuesto. La variabilidad de los precios de exportación en Alemania tiene escaso impacto en el éxito de sus exportaciones. Juan Torres, en un artículo publicado en su blog Ganas de escribir titulado "¿Hace falta bajar salarios para que España sea competitiva?", muestra, en base a un estudio internacional sobre competitividad (de Natixis), que esta no depende primordialmente de los precios ni de los salarios, sino de otros factores relacionados con el tipo de productos exportados. Las exportaciones españolas basadas en tecnología media y media alta, y en otras de tecnología baja (agrícola, pesquero, bebidas, tabaco, textil y calzado), tienen una marca diferencial de calidad que explican su éxito por vías diferentes al precio. Ello explica el mantenimiento –e incluso el aumento– de las exportaciones en los últimos años, desde 1999 a 2011 (para profundizar en este punto, ver mi artículo "¿Necesita España un látigo para salir de la crisis?").

Es importante señalar que, aunque los precios fueran las variables determinantes del nivel de exportaciones, los salarios no son los únicos determinantes de los precios. Cuando se vende un producto, el dinero que se ingresa va en parte a pagar los salarios, pero por otra parte engrosa los beneficios (un coste de producción que ha ido creciendo de una manera muy marcada). En el argumento que da el Gobierno de Rajoy de que hay que disminuir los salarios para reducir los precios, deliberadamente se ignora que siguiendo el mismo razonamiento debieran reducirse los beneficios, que son también determinantes en la configuración de los precios. Esta alternativa es sistemáticamente excluida, lo cual muestra con mayor claridad la falsedad de su postura: no es aumentar la competitividad, sino aumentar los beneficios empresariales lo que se intenta conseguir con tales reformas, acentuando todavía más lo que ha estado ocurriendo estos años. Las rentas empresariales (los beneficios) han superado este año por primera vez a las rentas salariales en España. Esto es lo que se llama (aunque nadie lo dice) la brutal lucha de clases unilateral que la banca y la gran patronal, a través de su influencia en el Estado, están imponiendo en España, causando además de un enorme dolor (totalmente innecesario), un desastre económico, pues la reducción de los salarios determinará todavía más un descenso de la demanda, causa de la Gran Recesión, en vías de ser la Gran Depresión. Y si no se lo creen, esperen y lo verán. En realidad, para grandes sectores de la población, la Gran Depresión ya está aquí.

DEMASIADOS RETROCESOS

(Público.es, 24/02/2012)

Josep Fontana - Historiador

En una ocasión un periodista preguntó a don Ramón Carande, maestro de historiadores: “Don Ramón, resúmame usted la Historia de España en dos palabras”. La respuesta de Carande no se hizo esperar: “Demasiados retrocesos”.

Es verdad que la historia contemporánea de España parece caracterizarse por el hecho de que cada paso por el camino de la libertad viene seguido por un duro y generalmente prolongado retroceso. A la promulgación de la Constitución en 1812 –cuyo bicentenario va a celebrarse en tiempos nada favorables a la libertad– le siguieron desde 1814 seis años de feroz represión; al trienio de 1820 a 1823, en que el texto constitucional volvió a estar vigente, le correspondió una “década ominosa”, y así hasta los ocho años de progreso de la Segunda República, que nos valieron cerca de 40 de barbarie franquista. Ahora, según parece, vamos a tener que pagar las magras concesiones de la Transición con un “cuatrienio ominoso” en manos del PP.

Está claro que nos encontramos de nuevo en pleno retroceso, en especial por lo que se refiere a las libertades y derechos de los ciudadanos: la reforma laboral, la pretensión de limitar el derecho de huelga, los ataques a los sindicatos, los recortes en los servicios públicos de sanidad y educación, la voluntad de interferir en los contenidos de la enseñanza… Las consecuencias están comenzando a sufrirse: el recorte de 5.000 millones en el gasto de sanidad conduce ya al colapso de los hospitales y a la falta de atención a los pacientes. Las consecuencias en el terreno de la educación, por las que se están movilizando los estudiantes, tardarán tal vez más en dejarse sentir; pero sus efectos sobre la formación de las nuevas generaciones van a ser de larga duración y difícilmente recuperables.

Y eso es tan sólo el comienzo. Cuatro años de poder indiscutido, apenas iniciados, dan juego para un retroceso que nos va a dejar en muchos aspectos como en los tiempos de ese franquismo que la derecha española parece añorar.

Mientras los medios de comunicación que responden a los intereses de la derecha (no hay más que averiguar quiénes son sus propietarios para entender lo que defienden) jalean los productos más deleznables de un revisionismo histórico escasamente documentado que ha vuelto a descubrir el “terror rojo”, y silencian la mucha y buena investigación que se ha realizado en estos años acerca de la represión franquista, se ha podido llegar a la aberración de condenar a un juez por atreverse a llevar a cabo unas investigaciones que los gobiernos del PSOE, que debieron haberlas patrocinado, se limitaron a tolerar de mala gana. En Estados Unidos se ha publicado una estampa en que se ve el fantasma de Franco bailando sobre la condena de Garzón, con un texto que dice: “España demuestra la falsedad de la versión whig de la historia”, esto es, de la versión establecida en que, según la definición de la Wikipedia, “se representa el pasado como una progresión inevitable hacia cada vez más libertad y más ilustración”. En Catalunya, el actual Gobierno de derechas ha cerrado el local que el Memorial Democràtic tenía en el centro de la ciudad y lo ha trasladado a lo alto de la montaña de Montjuïc, a la vez que ha anunciado su intención de que la institución se encargue también de conmemorar a los “caídos por Dios y por España”, como si estos no hubiesen sido ya suficientemente conmemorados durante cerca de 40 años.

Ante el asalto sistemático a nuestros derechos y nuestras libertades hay que proclamar, en primer lugar, que no es verdad que el conjunto de estas medidas restrictivas conduzcan a mejorar la situación económica y a favorecer un aumento de la ocupación. Lejos de ello, se trata de un mecanismo por el que cada restricción crea más paro, disminuye la producción y el consumo, reduce con ello los ingresos por los impuestos con los que los gobiernos aspiran a pagar deudas y les fuerza a nuevos recortes, paro y déficit de ingresos, en un círculo mortal que conduce al suicidio colectivo. La experiencia de Grecia puede mostrarlo: la cuarta parte de las empresas ha cesado en su actividad desde 2009, la mitad de los pequeños negocios no puede pagar los sueldos, la tasa de suicidios ha aumentado en un 40% y cerca de la mitad de la población por debajo de los 25 años está en el paro.

Pero es que además, como dice Michael Hudson, profesor de Economía de la Universidad de Missouri, en un artículo titulado “La transición de Europa de la socialdemocracia a la oligarquía”, lo que está en juego en estos momentos va más allá de los resultados económicos inmediatos; se trata de “un golpe de Estado oligárquico por el que los impuestos y la planificación de la economía y el control de los presupuestos están pasando a manos de unos ejecutivos nombrados por el cártel internacional de los banqueros”.

En los tiempos más duros del franquismo, Jaime Gil de Biedma publicó en un folleto clandestino unos versos memorables: “De todas las historias de la Historia / sin duda la más triste es la de España, / porque termina mal”. Pero incluso entonces expresaba su esperanza de que pudieran un día cambiar las cosas para hacer del hombre “el dueño de su historia”. Sólo luchando contra los retrocesos y defendiendo unos derechos que se ganaron con dos siglos de luchas sociales podremos enderezar el rumbo y recobrar el control de nuestra historia.