(Ganas de escribir, 18/02/2012)
Juan Torres López
Uno de los mayores problemas que tienen las pequeñas y medianas empresas españolas (que representan más del 80% del empleo de nuestro país) y los trabajadores autónomos es que las administraciones públicas le deben una gran cantidad de dinero: 35.000 millones de euros a las pymes y unos 15.000 millones a los autónomos.
Esa deuda es una losa gigantesca con
la que es muy difícil por no decir imposible que levanten cabeza estos
empresarios. Algo que sería muy necesario puesto que crean casi el 90%
del empleo nuevo que se genera en España.
La mayoría de los empresarios y
empresarias que conozco echan la culpa de esa deuda al Estado, como si
éste no les pagara por capricho, creen que su enemigo es el gasto
excesivo que hacen las administraciones públicas y reclaman en
compensación no pagar IVA mientras no cobren dichas cantidades. Esto
último me parece justo como solución transitoria pero no creo que esa
sea la mejor a medio y largo plazo ni la que más convenga a estos
empresarios. Y lo que me extraña es que, estando acostumbrados a hacer
números, no se hayan dado cuenta de que hay otra fórmula más justa y
eficaz para que sus empresas y el conjunto de la economía salgan
adelante mucho más satisfactoriamente.
Como he dicho, la deuda total con
autónomos y pymes es de unos 50.000 millones de euros. Pues bien, según
los técnicos del Ministerio de Hacienda que de esto son los que más
saben, la evasión fiscal de las grandes empresas y grandes fortunas españolas fue de unos 42.711 en 2010.
Es decir, que simplemente logrando que los más ricos de España pagaran
como los demás podría saldarse la deuda que atenaza a estos empresarios
en un solo año y evitar que volviera a repetirse en el futuro.
Claro que la cosa no puede terminar
aquí. El fraude de las grandes fortunas y grandes empresas es el 75% del
total mientras que el de las pymes (que constituyen el 97% del tejido
empresarial español) representa el 17% y el de los trabajadores
autónomos el 8,6%. Es mucho menos que el de los más ricos pero también
hay que acabar con él porque no es justo que prácticamente solo los
asalariados de menor renta sean los que estén libres de pecado fiscal.
Es una prueba más de que la solución
ante la deuda que proponen los neoliberales, recortar gasto público y
especialmente el de carácter social, no es la única ni la mejor. Cuanto
menor sea este gasto, menos demanda tendrán las pequeñas y medianas
empresas y los trabajadores autónomos y peor será su situación. Por el
contrario, acabar con la evasión fiscal es mucho más expedito, más
eficaz y menos oneroso para las propias empresas y para el conjunto de
la sociedad.
Si no se hace asi, porque siga
predominando la estrategia de reducir la inversión pública y el gasto
social (para que los ricos tengan que pagar menos impuestos y no haya
dinero suficiente para financiar los servicios públicos y se privaticen
más fácilmente) las consecuencias serán nefastas para todos: las
pequeñas y medianas empresas y los autónomos que viven de este gasto
perderán actividad y terminarán cerrando y destruyendo empleo.
Así que estos empresarios que se
quejan con mucha razón de esta deuda no deben llevarse a engaño. Su
enemigo no es la actividad pública (que es la que les proporciona el
capital y las infraestructuras que necesitan y que ellos no podrían
fiananciar por sí mismos) sino las grandes empresas y grandes fortunas
que evaden sus obligaciones con el fisco.
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