UN PACTO NACIONAL CONTRA LA POBREZA

(3500 Millones, 24/10/2012)

Fotografía: Samuel Sánchez

Diez millones de españoles o residentes en nuestro país viven en la pobreza. El deterioro de las condiciones de vida es el resultado de una crisis que golpea sobre una sociedad vulnerable, porque los años de expansión económica no fueron aprovechados para fortalecer las redes de protección social y reducir los niveles de desigualdad. Lo que está ocurriendo ahora no es una mera situación coyuntural: cuando la economía retome la senda del crecimiento, la sociedad española será más pobre, más desigual y más injusta. Y lo será durante mucho tiempo.

La miseria en la que viven los españoles es un asunto tan relevante como el desempleo, y a menudo desvinculado de él. Lo que interesa ahora es preguntarnos si existe alguna posibilidad de ponerle freno, dentro de los estrechos márgenes de maniobra que nos han impuesto (y los que nos hemos impuesto a nosotros mismos). ¿Existen alternativas, públicas y privadas, que permitan orientar los recursos escasos de manera más estratégica? ¿Pueden Gobierno y oposición recuperar la iniciativa en este ámbito? Porque tal vez no podamos eliminar en este momento todas las amenazas al Estado del Bienestar, pero seguro que podemos ganar alguna batalla. La de la pobreza extrema es una de las ineludibles.

Las recetas no son ciencia ficción. El profesor Luis Ayala –uno de los expertos más respetados en este campo- ha propuesto recientemente un paquete de medidas orientadas a proteger los ingresos y las redes de seguridad de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. En su opinión, necesitamos trazar 'líneas rojas' que frenen el avance de la pobreza extrema y sienten las bases de una recuperación social equitativa cuando retorne el crecimiento económico. En concreto, se podría intervenir con una cantidad razonable de recursos en ámbitos como las pensiones mínimas, la protección de los grupos en riesgo de exclusión, las políticas de mantenimiento de rentas o los incentivos laborales y fiscales para grupos específicos, como jóvenes sin formación.

Muchos otros expertos coinciden con estas medidas u otras similares. El verdadero reto es construir un acuerdo político que permita llevarlas a cabo en un plazo y con unos presupuestos asumibles. Incluso en medio de este caos podemos alcanzar un Pacto Nacional Contra la Pobreza, al estilo de los que ya han tenido tanto éxito en países como Chile a mediados de los 90 o en Brasil durante la pasada década. Se trata de estrategias nacionales explícitas, que empiezan por aceptar que tenemos un problema que no es una mera derivada de la coyuntura económica. Un plan consensuado en el Parlamento a través de una comisión específica, dependiente de un organismo público propio y con objetivos y calendarios evaluables. Un modelo en el que participen los grandes partidos, pero también las organizaciones sociales, eclesiales y empresariales, que deben hacerse corresponsables de su aplicación.

El acuerdo debe considerar las limitaciones presupuestarias, claro está, pero no debe dejarse anular por ellas. Existe la posibilidad de reorientar el gasto, de modificar políticas y de crear nuevas herramientas a través de una innovación social que ya cuenta con numerosos ejemplos en nuestro país. Hay margen de maniobra.

No tengo duda de que el Gobierno estará interesado en escuchar las mejores ideas en este sentido y recuperar la credibilidad en un campo donde la ha perdido por completo (escuchar ayer a Montoro describiendo estos presupuestos como "los más sociales de la democracia" recordaba a una escena de Monty Python). La oposición de izquierdas podría encontrar en una iniciativa de este tipo una oportunidad de corregir su naufragio político e ideológico. Con un respaldo social amplio, el Pacto contra la Pobreza podría formar parte de la negociación con la UE y de las condiciones de cualquier forma de rescate. No es ninguna estupidez que resulte ajena a las preocupaciones de nuestros socios, porque, aunque a veces no lo parezca, seguimos estando en Europa, no en Arkansas.