(Madrilonia, 26/03/2012)
Tomás Herreros y Adrià Rodríguez – Universidad Nómada
El conjunto de las transformaciones radicales de la vida económica y social -trabajo, relaciones, economía, sociedad, cultura y subjetividad- exigen un replanteamiento de los derechos que funcionaron en la segunda parte del siglo XX y que se han vuelto estériles, en las condiciones actuales, para asegurar la justicia. ¿Cuáles podrían ser estos nuevos derechos? La respuesta debe rastrearse en la cooperación social y los nuevos movimientos metropolitanos de la primera década del siglo XXI quienes, a través de sus prácticas y reivindicaciones, han puesto sobre la mesa la exigencia de un nuevo welfare 2.0, de lo que se ha venido a conocer como commonfare o derechos emergentes. En las próximas líneas se trata de explicitar algunas de éstas reivindicaciones, prácticas, que han generado los nuevos movimientos metropolitanos. Estas reivindicaciones podrían enunciarse como sigue:
Los derechos del Precariado. Lo que la jerga sociológica llamaba, utilizando a Michael Piore, el sector secundario, esto es, un sector desprotegido, con trayectorias de entrada y salida constante en el mercado de trabajo de los servicios y en el marco de la sociedad-red, se ha convertido, no en una excepción, sino en marca epocal. La nueva composición técnica del trabajo supone una ruptura antropológica que señala la hegemonía del trabajo biopolítico; señala también la feminización del trabajo –que refiere al incremento de las mujeres al mercado de trabajo, a la creciente importancia de lo afectivo, lo relacional y lo emocional en el trabajo en general, y a la privatización de la reproducción social vinculada al proceso de financiarización-; señala, finalmente, el componente fundamentalmente migrante y heterolingüe de la fuerza de trabajo. Esta nueva composición técnica del trabajo ha alzado su voz, y se ha traducido en una nueva composición política durante la última década, a través de movilizaciones diversas, siendo el Euro May Day –el 1 de Mayo del Precariado— la más significativa. Se trataba de actualizar el 1 de mayo con esa nueva composición flexible, precaria, migrante, femenina, que diluía las fronteras ya caducas entre vida y trabajo. Bajo el lema "Tenemos derechos a tener derechos" tomaron la calle figuras no reconocidas, invisibles, trabajadoras/es de cuidados, culturales, migrantes, etc. Tan importante como eso fue una puesta en escena no identitaria, más parecida a una fiesta con resonancias a las multitudinarias parades por el orgullo y la liberación gay, lesbiana y transexual. El concepto precariedad/precarización, ya no es, después de ésta y otras movilizaciones, una categoría sociológica, sino directamente política. Es una categoría que habla de la necesidad de establecer una nueva carta de derechos: el derecho a la formación, a la reproducción, a la reapropiación, a la renta, al compartir, a los comunes. De derechos a tener derechos más allá de los derechos laborales propios del marco keynesiano, caducos y amortizados.
El derecho a la Vivienda. Un derecho más específico que la nueva composición técnica ha practicado y ha exigido es el derecho a la vivienda. Para el caso español –y aunque con intensidades menores también en otras zonas europeas- la vivienda ha sido el objeto del ciclo inmobiliario provocando una inflación de precios través del crecimiento de la burbuja. Una dinámica ilustrativa de lo que líneas atrás se argumentaba en relación a la ciudad como espacio productivo y generador de externalidades, que se traducen en dicha inflación de la renta urbana. La ausencia de políticas públicas destinadas a asegurar el derecho a la vivienda –más bien se han dedicado servir a bancos e inmobiliarias-, así como la falta de liquidez y la precarización generalizadas, han llevado a inevitablemente a una expansión del crédito hipotecario. Al estallar la burbuja, este acceso a la vivienda mediante el crédito se ha traducido en una explosión de indigencia y depresión que, al menos en el España, ha expulsado ya a más de 300.000 familias a la calle sin que esto suponga la cancelación de la deuda. En ese marco surge la reclamación de la vivienda no sólo como el derecho a un techo sino como un conjunto de derechos que tienen que ver con los cuidados, la salud, los afectos, la participación política, el bienestar o las relaciones. La vivienda se ha levantado como derecho a través de distintas movilizaciones que se han producido en la última década, entre las cuáles cabe destacar la conocida por V de Vivienda. En la actualidad, es destacable el papel que está teniendo las distintas Plataformas de Afectados por la Hipoteca. Si V de Vivienda era un anuncio a la crisis, las Plataformas de Afectados por la Hipoteca son la lucha por sus efectos devastadores, y están consiguiendo una movilización social sin precedentes contra los desahucios, por el derecho a la vivienda y por el derecho a la bancarrota –sobre el cual se tratará líneas más abajo.
El Derecho a la ciudad y a la reapropiación de la política. Es remarcable cómo desde finales de los 90 y la primera década del siglo XXI ha surgido tanto una nueva tipología de centros sociales –los llamados centros sociales de segunda generaciónx- como también la emergencia a la par de instituciones culturales anómalas. Ambos espacios comparten la pretensión de hacer proliferar la vida compartida, la dimensión común de las singularidades que habitan la ciudad. Dotados de recursos económicos que ponen en juego la empresarialidad biopolítica, sitúan en un punto nodal la producción de discurso crítico y las iniciativas de autoformación. Son formas de cooperación social ni privadas ni públicas, que experimentan tipologías de gestión comunitaria de geometría variable, intentando superar la dicotomía entre la política de la representación y el aislamiento individualista, y poniendo en valor la capacidad de las ricas redes sociales para gestionar lo común a través de una institucionalidad postestatal. Estos nuevos espacios han supuesto, además de la evidente riqueza y diversidad de nuevas institucionalidades, poner en marcha importantes experimentos de empoderamiento y protagonismo social en el territorio: una relación táctica y postraumática con el poder y la política de la representación, que permite vectorizar la cooperación, los saberes militantes, las alianzas y la legitimidad pública hacia conquistas concretas, para situarse como un actor en el escenario metropolitano.
El Derecho a la red y a los bienes inmateriales. La red como espacio de abundancia cultural y comunicativo, producido a través del trabajo colaborativo, está siendo objetivo en los últimos años de las nuevas dinámicas parasitarias del capitalismo cognitivo. Se pretende bloquear, en definitiva, la producción común de riqueza. Aquí no sólo se apuntan al conjunto de luchas que exigen la posibilidad de compartir y producir en común el conjunto de bienes inmateriales –información, conocimiento, cultura, saberes, símbolos. Los movimientos que se han desarrollado alrededor de estas demandas abarcan desde los campesinos indios que luchan contra Monsanto hasta las comunidades de software libre, las luchas por la neutralidad de la red, el número creciente de creadores que utiliza licencias libres en sus creaciones, la lucha contra las patentes farmacéuticas que privatizan saberes ancestrales de comunidades indígenas, las recientes movilizaciones contra la llamada Ley Sinde en España o el nuevo ciclo de protestas que se desarrollan entorno a la Universidad.
Derecho al default. Si financiarización está basada en la deuda, y la deuda es una anticipación del salario –o de la productividad, en el caso de estados o empresas- el derecho al default –al no retorno de la deuda- se presenta como la forma por excelencia de reapropiación de la riqueza en el capitalismo financiero. El recurso a la deuda es, cada vez más, la única salida viable de millones de familias que se encuentran con dificultades de acceder a un welfare privatizado y a un salario precarizado. Numerosas luchas se han enfrentado a esta situación. De un lado las movilizaciones contra la deuda hipotecaria pero también las luchas de estudiantes en EEUU o Chile contra la deuda estudiantil, o las múltiples protestas que crecen en toda Europa contra la condena que supone el pago de la deuda soberana acumulada por los distintos estados. El no retorno de la deuda no sólo bloquea la forma de apropiación financiera sino que supone un no reconocimiento de la legitimidad de los acreedores. En el contexto español las luchas por el impago de la deuda hipotecaria –llamada Ley de la Dación en Pago-, coordinadas por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, descritas anteriormente, han conseguido parar ya más de 100 desahucios y conseguirán, sin ninguna duda, que las centenares de miles de familias que se encuentran esclavizadas por la deuda, puedan cancelarla y empezar desde cero. Todo un gesto de rechazo a la legitimidad de bancos y a su modo de apropiación feudal de la riqueza.
Derecho a la renta. El derecho a la renta se ha ubicado, durante esta última década, como una cuestión central para los nuevos movimientos. La renta, aquí no sólo asume la dimensión de la distribución de la riqueza en forma de moneda –renta directa, Renta Básica Universal- sino de medios de reproducción de la sociedad misma –renta indirecta, servicios, transportes, comunicación, recursos, infraestructuras. De esta forma los movimientos han exigido la disposición, distribución y acceso a los medios necesarios para la autonomía y reproducción social. Las luchas por la renta directa e indirecta vienen aquí a sustituir lo que en el fordismo fueron las luchas por el salario directo e indirecto, y que se materializaron en lo que conocemos como welfare 1.0. Sin embargo, lo que aquí es central, es el reconocimiento de que la riqueza es producida socialmente, y no sólo en el trabajo, y que por lo tanto el welfare tiene que ser entendido no en base a la solidaridad interclase o al paternalismo sino al reconocimiento de la producción social y al crecimiento de la potencia de dicha producción común de riqueza. En distintos lugares se han desarrollado luchas por el transporte colectivo metropolitanoxiii, por la sanidad o la educación garantizadas, por el derecho a la comunicación y a la información, o por la Renta Básica Universal –estas últimas sobretodo en Italia. Las luchas de esta última década, por lo tanto, han ido más allá de la idea de justicia redistributiva vinculada al welfare 1.0, han entendido que la riqueza no sólo se produce en el trabajo sino en el conjunto de la metrópolis. La riqueza, han apuntado, es el resultado del conjunto de procesos y sinergias metropolitanas: comunicación, movilidad, transporte. Por ello, el reclamo de renta se realiza en base a la reapropiación de los mecanismos mismos de expansión de dicha riqueza social. Las luchas por la renta han sabido identificar, para concluir, la justicia distributiva –y no la justicia redistributiva- como el centro de la cuestión.
Derecho a la hibridación, a la diferencia y a la movilidad. Son los procesos migratorios y de hibridación los que conforman las identidades y constituyen la riqueza cultural y social. Los movimientos migratorios y la circulación global de cuerpos y culturas redibuja constantemente el mapa global de las identidades y las diferencias. Sin embargo podríamos decir que la libertad de las finanzas en la globalización neoliberal es inversamente proporcional a la libertad de circulación de las personas. Las fronteras –físicas, institucionales, de renta, culturales, etc…- y sistemas de control no sólo bloquean la libertad de movimiento sino la libertad de hibridación y de transformación biopolítica a través de la diferencia. Las luchas de los sin papeles, de los migrantes, de los manteros, los conflictos de las banlieues o los london riots señalan la necesidad de repensar nuevas formas de ciudadanía y nuevos derechos a la altura de la globalización, que finalicen las formas de segregación racial y cultural y las nuevas formas de apartheid metropolitano. Estas luchas y conflictos han expresado que es necesario reconocer la riqueza que supone la diferencia y la hibridación, y que, a menos que esta riqueza sea reconocida –con nuevos derechos-, se constatarán crecimientos exponenciales del racismo y del nacionalismo, que incluyen, en su eslabón más demente, ejemplos como el de Anders Breivik en Noruega.
Todas estas luchas tienen que ser entendidas como un proceso constituyente –no un proceso concluso- que expresa la necesidad constante de reinventar los derechos. Son luchas que dan forma a lo que podría llamarse el sindicalismo social metropolitano que bajo formas de movilización democrática incentivan la producción de derechos como forma de materialización de derecho a la ciudad. De toda la producción de derechos, los comentados, los citados u otros expresados en los últimos años que aquí no se explicitan por motivos de espacio, pueden destacarse tres aprendizajes.
El primero radica en su expresión en la forma movimiento. Han surgido en la estela del movimiento global, es decir, utilizan y actualizan sus repertoires. Por un lado, el uso de Internet y de las redes sociales como espacio de organización y por lo tanto como espacio directamente político –con muchas consecuencias, una de ellas, y no poco importante, la autorepresentación y la creciente indiferenciación entre activistas y no activistas. Por otro lado, la invención y profundización de una nueva geografía política, una nueva geografía de la hostilidad. La novedad, por el contrario, cabe encontrarla en la reterritorialización, el énfasis en la metrópolis, en la explicitación del cuerpo que soporta la explotación, en la observación de los procesos de precarización y la parasitación de la riqueza social, pero también la emergencia de nuevas subjetividades urbanas. Muestran, en éste sentido, la creciente segmentariedad social y la inclusión diferencial. Pero también la centralidad de la cultura, de la cooperación social, del general intellect en la producción de la ciudad. ¡La riqueza somos nosotros!, han dicho una y otra vez éstos movimientos refiriéndose a la multitud metropolitana.
El segundo rasgo es que cabe situarlos en la movilización de los pobres metropolitanos. Nombrar la categoría pobres no refiere a una figura de excepción, tipo la del marginado social. Por el contrario, se nombra al conjunto de precarios que habitan la ciudad: migrantes, hipotecados, estudiantes, investigadores, trabajadoras domésticas, cuidadoras, parados, trabajadores culturales y creativos. Son pobres porque poseen poco más que su cuerpo y alguna prótesis tecnológica pero sin embargo producen el mundo. Pobreza aquí no es el nombre de la carencia sino de la potencia; de la potencia de producción del mundo y la vida social. Pobreza es, por lo tanto, el punto de unión entre producción y explotación. Precariedad, por su parte, no es el nombre de la unidad sino de la diferencia. La precariedad indica la necesidad de pensar formas de organización transversales entre las distintas figuras de la pobreza –migrantes, mujeres, estudiantes, hipotecados, parados, investigadores. La precariedad indica la necesidad de pensar una política de la diferencia, del disenso, de la traducción, de la multiplicidad, de la interseccionalidad.
El tercer rasgo refiere al hecho que los movimientos afirman sin ambivalencias a través de sus prácticas que dada la productividad de la ciudad, los derechos deben ser derechos urbanos. O, mejor, derechos emergentes: la condición de emergencia de estos nuevos derechos se explica dado que son plenamente definidos por las luchas, por el poder constituyente metropolitano. Estos derechos son la antesala, el contenido, de lo que podría ser la carta de derechos, sobre el cuál debe articularse el welfare 2.0. El corolario de las cuáles son nuevas formas de gobierno y por tanto de reinvención de la democracia. Los movimientos han señalado, por lo tanto, el error que supone establecer unos derechos de una vez por todas, y de que se trata es de inventar los mecanismos institucionales para que sean las luchas mismas las que puedan renovar constantemente la producción de derechos. He aquí la reactualización de la política, y la verdadera posible salida de la crisis.
El conjunto de las transformaciones radicales de la vida económica y social -trabajo, relaciones, economía, sociedad, cultura y subjetividad- exigen un replanteamiento de los derechos que funcionaron en la segunda parte del siglo XX y que se han vuelto estériles, en las condiciones actuales, para asegurar la justicia. ¿Cuáles podrían ser estos nuevos derechos? La respuesta debe rastrearse en la cooperación social y los nuevos movimientos metropolitanos de la primera década del siglo XXI quienes, a través de sus prácticas y reivindicaciones, han puesto sobre la mesa la exigencia de un nuevo welfare 2.0, de lo que se ha venido a conocer como commonfare o derechos emergentes. En las próximas líneas se trata de explicitar algunas de éstas reivindicaciones, prácticas, que han generado los nuevos movimientos metropolitanos. Estas reivindicaciones podrían enunciarse como sigue:
Los derechos del Precariado. Lo que la jerga sociológica llamaba, utilizando a Michael Piore, el sector secundario, esto es, un sector desprotegido, con trayectorias de entrada y salida constante en el mercado de trabajo de los servicios y en el marco de la sociedad-red, se ha convertido, no en una excepción, sino en marca epocal. La nueva composición técnica del trabajo supone una ruptura antropológica que señala la hegemonía del trabajo biopolítico; señala también la feminización del trabajo –que refiere al incremento de las mujeres al mercado de trabajo, a la creciente importancia de lo afectivo, lo relacional y lo emocional en el trabajo en general, y a la privatización de la reproducción social vinculada al proceso de financiarización-; señala, finalmente, el componente fundamentalmente migrante y heterolingüe de la fuerza de trabajo. Esta nueva composición técnica del trabajo ha alzado su voz, y se ha traducido en una nueva composición política durante la última década, a través de movilizaciones diversas, siendo el Euro May Day –el 1 de Mayo del Precariado— la más significativa. Se trataba de actualizar el 1 de mayo con esa nueva composición flexible, precaria, migrante, femenina, que diluía las fronteras ya caducas entre vida y trabajo. Bajo el lema "Tenemos derechos a tener derechos" tomaron la calle figuras no reconocidas, invisibles, trabajadoras/es de cuidados, culturales, migrantes, etc. Tan importante como eso fue una puesta en escena no identitaria, más parecida a una fiesta con resonancias a las multitudinarias parades por el orgullo y la liberación gay, lesbiana y transexual. El concepto precariedad/precarización, ya no es, después de ésta y otras movilizaciones, una categoría sociológica, sino directamente política. Es una categoría que habla de la necesidad de establecer una nueva carta de derechos: el derecho a la formación, a la reproducción, a la reapropiación, a la renta, al compartir, a los comunes. De derechos a tener derechos más allá de los derechos laborales propios del marco keynesiano, caducos y amortizados.
El derecho a la Vivienda. Un derecho más específico que la nueva composición técnica ha practicado y ha exigido es el derecho a la vivienda. Para el caso español –y aunque con intensidades menores también en otras zonas europeas- la vivienda ha sido el objeto del ciclo inmobiliario provocando una inflación de precios través del crecimiento de la burbuja. Una dinámica ilustrativa de lo que líneas atrás se argumentaba en relación a la ciudad como espacio productivo y generador de externalidades, que se traducen en dicha inflación de la renta urbana. La ausencia de políticas públicas destinadas a asegurar el derecho a la vivienda –más bien se han dedicado servir a bancos e inmobiliarias-, así como la falta de liquidez y la precarización generalizadas, han llevado a inevitablemente a una expansión del crédito hipotecario. Al estallar la burbuja, este acceso a la vivienda mediante el crédito se ha traducido en una explosión de indigencia y depresión que, al menos en el España, ha expulsado ya a más de 300.000 familias a la calle sin que esto suponga la cancelación de la deuda. En ese marco surge la reclamación de la vivienda no sólo como el derecho a un techo sino como un conjunto de derechos que tienen que ver con los cuidados, la salud, los afectos, la participación política, el bienestar o las relaciones. La vivienda se ha levantado como derecho a través de distintas movilizaciones que se han producido en la última década, entre las cuáles cabe destacar la conocida por V de Vivienda. En la actualidad, es destacable el papel que está teniendo las distintas Plataformas de Afectados por la Hipoteca. Si V de Vivienda era un anuncio a la crisis, las Plataformas de Afectados por la Hipoteca son la lucha por sus efectos devastadores, y están consiguiendo una movilización social sin precedentes contra los desahucios, por el derecho a la vivienda y por el derecho a la bancarrota –sobre el cual se tratará líneas más abajo.
El Derecho a la ciudad y a la reapropiación de la política. Es remarcable cómo desde finales de los 90 y la primera década del siglo XXI ha surgido tanto una nueva tipología de centros sociales –los llamados centros sociales de segunda generaciónx- como también la emergencia a la par de instituciones culturales anómalas. Ambos espacios comparten la pretensión de hacer proliferar la vida compartida, la dimensión común de las singularidades que habitan la ciudad. Dotados de recursos económicos que ponen en juego la empresarialidad biopolítica, sitúan en un punto nodal la producción de discurso crítico y las iniciativas de autoformación. Son formas de cooperación social ni privadas ni públicas, que experimentan tipologías de gestión comunitaria de geometría variable, intentando superar la dicotomía entre la política de la representación y el aislamiento individualista, y poniendo en valor la capacidad de las ricas redes sociales para gestionar lo común a través de una institucionalidad postestatal. Estos nuevos espacios han supuesto, además de la evidente riqueza y diversidad de nuevas institucionalidades, poner en marcha importantes experimentos de empoderamiento y protagonismo social en el territorio: una relación táctica y postraumática con el poder y la política de la representación, que permite vectorizar la cooperación, los saberes militantes, las alianzas y la legitimidad pública hacia conquistas concretas, para situarse como un actor en el escenario metropolitano.
El Derecho a la red y a los bienes inmateriales. La red como espacio de abundancia cultural y comunicativo, producido a través del trabajo colaborativo, está siendo objetivo en los últimos años de las nuevas dinámicas parasitarias del capitalismo cognitivo. Se pretende bloquear, en definitiva, la producción común de riqueza. Aquí no sólo se apuntan al conjunto de luchas que exigen la posibilidad de compartir y producir en común el conjunto de bienes inmateriales –información, conocimiento, cultura, saberes, símbolos. Los movimientos que se han desarrollado alrededor de estas demandas abarcan desde los campesinos indios que luchan contra Monsanto hasta las comunidades de software libre, las luchas por la neutralidad de la red, el número creciente de creadores que utiliza licencias libres en sus creaciones, la lucha contra las patentes farmacéuticas que privatizan saberes ancestrales de comunidades indígenas, las recientes movilizaciones contra la llamada Ley Sinde en España o el nuevo ciclo de protestas que se desarrollan entorno a la Universidad.
Derecho al default. Si financiarización está basada en la deuda, y la deuda es una anticipación del salario –o de la productividad, en el caso de estados o empresas- el derecho al default –al no retorno de la deuda- se presenta como la forma por excelencia de reapropiación de la riqueza en el capitalismo financiero. El recurso a la deuda es, cada vez más, la única salida viable de millones de familias que se encuentran con dificultades de acceder a un welfare privatizado y a un salario precarizado. Numerosas luchas se han enfrentado a esta situación. De un lado las movilizaciones contra la deuda hipotecaria pero también las luchas de estudiantes en EEUU o Chile contra la deuda estudiantil, o las múltiples protestas que crecen en toda Europa contra la condena que supone el pago de la deuda soberana acumulada por los distintos estados. El no retorno de la deuda no sólo bloquea la forma de apropiación financiera sino que supone un no reconocimiento de la legitimidad de los acreedores. En el contexto español las luchas por el impago de la deuda hipotecaria –llamada Ley de la Dación en Pago-, coordinadas por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, descritas anteriormente, han conseguido parar ya más de 100 desahucios y conseguirán, sin ninguna duda, que las centenares de miles de familias que se encuentran esclavizadas por la deuda, puedan cancelarla y empezar desde cero. Todo un gesto de rechazo a la legitimidad de bancos y a su modo de apropiación feudal de la riqueza.
Derecho a la renta. El derecho a la renta se ha ubicado, durante esta última década, como una cuestión central para los nuevos movimientos. La renta, aquí no sólo asume la dimensión de la distribución de la riqueza en forma de moneda –renta directa, Renta Básica Universal- sino de medios de reproducción de la sociedad misma –renta indirecta, servicios, transportes, comunicación, recursos, infraestructuras. De esta forma los movimientos han exigido la disposición, distribución y acceso a los medios necesarios para la autonomía y reproducción social. Las luchas por la renta directa e indirecta vienen aquí a sustituir lo que en el fordismo fueron las luchas por el salario directo e indirecto, y que se materializaron en lo que conocemos como welfare 1.0. Sin embargo, lo que aquí es central, es el reconocimiento de que la riqueza es producida socialmente, y no sólo en el trabajo, y que por lo tanto el welfare tiene que ser entendido no en base a la solidaridad interclase o al paternalismo sino al reconocimiento de la producción social y al crecimiento de la potencia de dicha producción común de riqueza. En distintos lugares se han desarrollado luchas por el transporte colectivo metropolitanoxiii, por la sanidad o la educación garantizadas, por el derecho a la comunicación y a la información, o por la Renta Básica Universal –estas últimas sobretodo en Italia. Las luchas de esta última década, por lo tanto, han ido más allá de la idea de justicia redistributiva vinculada al welfare 1.0, han entendido que la riqueza no sólo se produce en el trabajo sino en el conjunto de la metrópolis. La riqueza, han apuntado, es el resultado del conjunto de procesos y sinergias metropolitanas: comunicación, movilidad, transporte. Por ello, el reclamo de renta se realiza en base a la reapropiación de los mecanismos mismos de expansión de dicha riqueza social. Las luchas por la renta han sabido identificar, para concluir, la justicia distributiva –y no la justicia redistributiva- como el centro de la cuestión.
Derecho a la hibridación, a la diferencia y a la movilidad. Son los procesos migratorios y de hibridación los que conforman las identidades y constituyen la riqueza cultural y social. Los movimientos migratorios y la circulación global de cuerpos y culturas redibuja constantemente el mapa global de las identidades y las diferencias. Sin embargo podríamos decir que la libertad de las finanzas en la globalización neoliberal es inversamente proporcional a la libertad de circulación de las personas. Las fronteras –físicas, institucionales, de renta, culturales, etc…- y sistemas de control no sólo bloquean la libertad de movimiento sino la libertad de hibridación y de transformación biopolítica a través de la diferencia. Las luchas de los sin papeles, de los migrantes, de los manteros, los conflictos de las banlieues o los london riots señalan la necesidad de repensar nuevas formas de ciudadanía y nuevos derechos a la altura de la globalización, que finalicen las formas de segregación racial y cultural y las nuevas formas de apartheid metropolitano. Estas luchas y conflictos han expresado que es necesario reconocer la riqueza que supone la diferencia y la hibridación, y que, a menos que esta riqueza sea reconocida –con nuevos derechos-, se constatarán crecimientos exponenciales del racismo y del nacionalismo, que incluyen, en su eslabón más demente, ejemplos como el de Anders Breivik en Noruega.
Todas estas luchas tienen que ser entendidas como un proceso constituyente –no un proceso concluso- que expresa la necesidad constante de reinventar los derechos. Son luchas que dan forma a lo que podría llamarse el sindicalismo social metropolitano que bajo formas de movilización democrática incentivan la producción de derechos como forma de materialización de derecho a la ciudad. De toda la producción de derechos, los comentados, los citados u otros expresados en los últimos años que aquí no se explicitan por motivos de espacio, pueden destacarse tres aprendizajes.
El primero radica en su expresión en la forma movimiento. Han surgido en la estela del movimiento global, es decir, utilizan y actualizan sus repertoires. Por un lado, el uso de Internet y de las redes sociales como espacio de organización y por lo tanto como espacio directamente político –con muchas consecuencias, una de ellas, y no poco importante, la autorepresentación y la creciente indiferenciación entre activistas y no activistas. Por otro lado, la invención y profundización de una nueva geografía política, una nueva geografía de la hostilidad. La novedad, por el contrario, cabe encontrarla en la reterritorialización, el énfasis en la metrópolis, en la explicitación del cuerpo que soporta la explotación, en la observación de los procesos de precarización y la parasitación de la riqueza social, pero también la emergencia de nuevas subjetividades urbanas. Muestran, en éste sentido, la creciente segmentariedad social y la inclusión diferencial. Pero también la centralidad de la cultura, de la cooperación social, del general intellect en la producción de la ciudad. ¡La riqueza somos nosotros!, han dicho una y otra vez éstos movimientos refiriéndose a la multitud metropolitana.
El segundo rasgo es que cabe situarlos en la movilización de los pobres metropolitanos. Nombrar la categoría pobres no refiere a una figura de excepción, tipo la del marginado social. Por el contrario, se nombra al conjunto de precarios que habitan la ciudad: migrantes, hipotecados, estudiantes, investigadores, trabajadoras domésticas, cuidadoras, parados, trabajadores culturales y creativos. Son pobres porque poseen poco más que su cuerpo y alguna prótesis tecnológica pero sin embargo producen el mundo. Pobreza aquí no es el nombre de la carencia sino de la potencia; de la potencia de producción del mundo y la vida social. Pobreza es, por lo tanto, el punto de unión entre producción y explotación. Precariedad, por su parte, no es el nombre de la unidad sino de la diferencia. La precariedad indica la necesidad de pensar formas de organización transversales entre las distintas figuras de la pobreza –migrantes, mujeres, estudiantes, hipotecados, parados, investigadores. La precariedad indica la necesidad de pensar una política de la diferencia, del disenso, de la traducción, de la multiplicidad, de la interseccionalidad.
El tercer rasgo refiere al hecho que los movimientos afirman sin ambivalencias a través de sus prácticas que dada la productividad de la ciudad, los derechos deben ser derechos urbanos. O, mejor, derechos emergentes: la condición de emergencia de estos nuevos derechos se explica dado que son plenamente definidos por las luchas, por el poder constituyente metropolitano. Estos derechos son la antesala, el contenido, de lo que podría ser la carta de derechos, sobre el cuál debe articularse el welfare 2.0. El corolario de las cuáles son nuevas formas de gobierno y por tanto de reinvención de la democracia. Los movimientos han señalado, por lo tanto, el error que supone establecer unos derechos de una vez por todas, y de que se trata es de inventar los mecanismos institucionales para que sean las luchas mismas las que puedan renovar constantemente la producción de derechos. He aquí la reactualización de la política, y la verdadera posible salida de la crisis.
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